Por Paula Disla
Abril es el mes de la Prevención del Abuso Infantil.
Desde el 1998 y por el Decreto 98-98, se establece esta fecha para recordar a
las familias y a toda la sociedad dominicana la importancia de cuidar a los
niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de abuso. Y de empoderarlos y
facilitarles herramientas para su autocuidado.
Abril 2020, nos trae una conmemoración
diferente, nos hace mirar hacia las medidas que deben tomar los gobiernos para
la Prevención del Abuso desde las instancias llamadas a protegerlo. Es que,
para hablar de prevención del abuso infantil, necesariamente debemos mirar
hacia el Estado, como garante de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas,
pero cuando el Estado descuida y olvida el sentido de su función principal, la
desesperanza se agudiza y el desorden toma ventaja.
La ley 136-03 o Código para el Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, acoge como
uno de sus principios fundamentales el artículo #3 de La Convención sobre los
Derechos del Niño, que establece que “es obligación del Estado atender de manera
prioritaria el interés superior del niño” y; en el principio VI la misma
ley estable el “Principio de
prioridad absoluta: el Estado y la sociedad deben asegurar, con prioridad
absoluta, todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescente”
Atendiendo a estos dos principios claves en
el manejo ético y responsable de las políticas de niñez y adolescencia, es
imperdonable que en estos momentos de crisis social las niñas, los niños, los y las adolescentes no hayan sido
prioridad. Se evidencia la falta de estudios e investigaciones que permitan
conocer la situación real de la infancia y la adolescencia dominicana, con
datos pormenorizados sobre aquellos factores que les hacen más vulnerables.
Lo que corresponde hacer al Sistema de
Protección de Niñez y Adolescencia, órgano rector de las políticas de niñez y
adolescencia; es solamente, dar
cumplimiento a la ley. Es encontrar soluciones y brindar respuestas a la
población para que tengan mayor acceso a la educación y a la salud, por solo
citar dos ejemplos. En estos momentos más que nunca se necesita el control
institucional y que los programas de protección social enfoquen la atención en
las personas menores de edad.
Es imperdonable que las circunstancias del
COVID-19 hayan sorprendido a las autoridades del sector niñez sin una propuesta
de gestión de riesgos enfocada en la infancia, sin un plan de emergencia que
incluya estrategias para garantizar el derecho a la educación y a la salud en
cualquier circunstancia, sin un programa de apoyo familiar y comunitario que
haga ejemplos de buenas prácticas en el manejo comunitario del COVID -19.
El CONANI después de lograr un marco legal
pensado para priorizar la niñez y la adolescencia en cualquier circunstancia,
respetando los compromisos asumidos como país al ratificar en el 1991 la
Convención sobre los Derechos del Niño; ha caído desde el 2004 en un limbo
institucional, cediendo su rol y capacidad institucional a otras instancias que
se fortalecen políticamente; esto por la falta de una dirección comprometida,
incapaz de reconocer que los niños, niñas y adolescentes sí son sujetos de
derechos, no como un eslogan, sino como una realidad.
En medio de la desnudez que revela el
CORONAVIRUS, de una sociedad permeada por pobreza educativa, sanitaria y
humana, también se descubre un sistema de “Protección”
de los infantes y adolescentes, que en vez de orientar y abogar por este amplio
grupo social; genera una mayor indignación, como lo ocurrido en el INAIPI, una
institución donde la edad de la ternura debe florecer, pero lo que florece es
un escándalo mayúsculo de robo, de corrupción, de manejo ilícito de los
recursos destinados a los niños y niñas de 0 a 5 años. Un verdadero abuso institucional y estatal
contra la niñez. ¿Cómo es posible que no aporten estrategias
al colectivo y solo sean capaces de ver sus propios intereses, aportando
escándalo y bochorno? Atreverse a robar a los más vulnerables es un
imperdonable crimen de lessa patria que
exaspera al de más duro corazón.
Se hace urgente un pacto por la niñez y la
adolescencia, un gran Plan Nacional a favor de la infancia y la adolescencia.
Se hace urgente la revitalización de las organizaciones de la infancia para que
realmente aboguen y se expresen altivas levantando la voz para que las voces de
los niños, niñas y adolescentes sean sus adultos responsables y que actúen de
manera coherente con sus proclamas y fines. Basta ya de entidades enmudecidas o
con grito inaudible, sumidas en burocracias, apariencias y consumo inútiles de
recursos presupuestarios.
Es impostergable que el discurso político
se exprese a favor de la niñez y adolescencia, especialmente aquella más
vulnerable. Es urgente que llegue el cambio que tanto esperamos para hacer
realidad la lección de respeto y amor a esta sociedad expresado en unas
políticas claras que beneficien a nuestras niñas, niños y adolescentes
El CORONAVIRUS nos ha demostrado que sin un
trabajo desde la infancia no tendremos el país que queremos tener todas y todos
los dominicanos. La niñez es la etapa de crear felicidad y ternura, la de
guardar los mejores momentos para la vida. Paguemos esa deuda acumulada en tantos
años de abandono.
Conmemoremos el mes de abril, aguerrido y
valiente para el pueblo dominicano diciendo no a la violencia institucional
contra la niñez, NO al Abuso Infantil en
cualquiera de sus manifestaciones.
FUENTE:
ACENTO.COM
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