Por Reynaldo Peguero
En el año 2003, el Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES) logró
una donación de la Unión Europea (UE) de 5 millones de pesos para fortalecer el
Ayuntamiento de Santiago. Nos concentramos en siete (7) iniciativas de
gobernabilidad. Pusimos en práctica herramientas donde el Ayuntamiento,
sociedad civil y empresariado armonizaban su participación en proyectos
avalados por una Reforma Normativa Municipal. Para saber por dónde empezar, el
jurista santiaguero, José Darío Suárez, uno de los fundadores por antonomasia
del CDES, los arquitectos Mauricio Estrella y José Raúl Fernández y quien
suscribe como gerente de proyectos, nos embarcamos en un singular proyecto para
conocer de 1962 al 2002, las Resoluciones aprobadas por el Concejo de
Regidores. Sorpresa “más del 75% de ellas se concentraban en resoluciones de
asistencialismo y apoyo a los pobres”. Muy pocas normativas locales trataban el
ordenamiento territorial y todavía menos, los arbitrios e impuestos locales. En
40 años el Ayuntamiento se convirtió en un centro de asistencia social de
Santiago.
En este orden, la nueva propuesta de ley de las administraciones locales que promueve la Presidencia de la República, hace justicia a esta deformación institucional al reforzar la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos en materia fiscal y fomenta que esta función se ejerza vía “ordenanzas reguladoras de gestión, recaudación e inspección de arbitrios”. Estos potenciales códigos tributarios locales convertirán a los Regidores en verdaderos legisladores con capacidad de proponer, discutir y representar a sus munícipes en la creación o eliminación de impuestos.
Es mil veces preferible tributar a los Ayuntamientos con capacidad de
generar eficientes servicios públicos para sus diversos sectores, que contribuir
en genérico e indiscriminadamente a una verdadera Caja Nacional de Impuestos
que es la denominación o nombre que debería tener la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).
Los Ayuntamientos en la nueva propuesta de ley, tendrán derecho en el marco
de la política económica nacional, a poseer recursos suficientes de los cuales
podrán disponer libremente en el ejercicio de sus competencias de acuerdo a lo
previsto en la iniciativa, sus reglamentos y los principios rectores de la
administración pública. Los recursos a ser transferidos íntegramente a los
ayuntamientos desde la Tesorería Nacional, podrían provenir de: i)
coparticipación de los ingresos fiscales no especializados; ii) fondos
complementarios para garantizar la suficiencia financiera; iii) coparticipación
en impuestos nacionales; iv) impuestos y tasas definidas en favor de los
Ayuntamientos; v) ámbitos de imposición de arbitrios y tasas que se definan
como parte de la potestad tributaria de las administraciones locales; y vi)
cualquier otra modalidad que se estime necesaria.
Por ejemplo, puede haber coparticipación de Ayuntamiento-Gobierno en
los siguientes impuestos nacionales: el impuesto que da derechos a circulación
de vehículos; la licencia de conducir para coches de cuatro ruedas y
motocicletas; la revisión vehicular (revista) y pago de multas del tránsito
impuestas en cada municipio. No puede, ni debe ser que el sobre-uso de los
19,500 kilómetros lineales de vías, autopistas, avenidas y calles que se
extienden en los 158 municipios de la Nación, de los cuales les corresponden a
Santiago unos 2,000 kilómetros, generen impuestos que lleguen a una gran bolsa
que administrada por el órgano central del Estado en Santo Domingo. Lo mismo
sucede con los impuestos a predios y propiedades inmobiliarias y muchos otros.
La iniciativa de ley propone que las finanzas de los gobiernos locales
estén constituidas por: i) Los tributos establecidos a su favor en
leyes especiales; ii) Los arbitrios determinados por ordenanza del
gobierno local; iii) Los derechos, las contribuciones o cualesquier
otros ingresos que se les asigne; iv) Los ingresos procedentes de su
patrimonio y rentas; v) Los tributos propios clasificados en
impuestos, tasas y contribuciones especiales; vi) Las participaciones
en los ingresos del Estado; vii) Las subvenciones para garantizar
complementariamente la suficiencia financiera para sus competencias; viii) Los
percibidos en concepto de entrega de productos y servicios; ix) El
producto de las operaciones de crédito; x) Las demás prestaciones de
derecho público. Para el cobro de los tributos y de las cantidades que como
ingresos de derecho público deben percibir los ayuntamientos, ostentarán las
mismas prerrogativas establecidas legalmente para la administración pública.
La nueva propuesta de ley crea el Impuesto a Eventos Públicos (IEP);
eso que en Santiago mucha gente valora como “extraño” cuando el Ayuntamiento lo
ejecuta, será establecido por esta ley. Los Ayuntamientos municipales podrán
cobrar impuestos a todos los eventos públicos y a todas las actividades de este
tipo, cuya finalidad es la obtención de “beneficios lucrativos”. Se considera
que las tarifas a cobrar por este concepto sean establecidas mediante
ordenanzas emitidas por el órgano legislativo municipal bajo los criterios de
racionalidad y proporcionalidad, y de acuerdo a los criterios y topes definidos
desde el Instituto de Desarrollo Municipal, que es la figura orgánica para
sustituir la Liga Municipal Dominicana.
Finalmente, la nueva ley también impondrá el Impuesto de Permisología de Actividades Productivas (IAP). Se creará un
gravamen por permiso para desarrollar actividades productivas con fines de
lucro. Esta
contribución deberá ser pagada cada año por los negocios, bancas de loterías,
bancas deportivas, industrias, y cualquier tipo de establecimiento que
realice actividades con fines de lucro, por el otorgamiento del permiso de
operación que podrán emitir las administraciones locales a través de una
certificación firmada por los Alcaldes. En fin, como me ha sugerido María
Victoria Menicucci, la nueva propuesta de ley municipal debería considerar y
ser armónica con la Reforma Impositiva Nacional (Fiscal) que impulsa el
gobierno dominicano desde el Consejo Económico Social. En la otra
seguimos.
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