El director general de Promipyme sostuvo que la comunicación política dirigida al sector debe abandonar los mensajes generalistas y permitir que cada empresario pueda vincular una mejora concreta con una decisión identificable del Estado.
SANTO DOMINGO, R. D.- El director general
del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, propuso este miércoles sustituir la
comunicación política centrada en la visibilidad gubernamental por un modelo
que permita demostrar cómo las demandas de las mipymes se convierten en
políticas públicas, recursos y resultados medibles.
Durante su intervención en el XIX Congreso
Internacional de Comunicación Política, Gómez Mazara afirmó que el desafío no
consiste simplemente en comunicar más las actuaciones del Estado, sino en
mejorar su “atribuibilidad”: la capacidad de los ciudadanos para vincular una
transformación concreta de su vida cotidiana con una decisión pública
claramente identificable.
Bajo el título Economía productiva,
emprendimiento e inteligencia artificial: conectando políticas públicas,
desarrollo territorial y comunicación, el funcionario expuso que las mipymes
dominicanas tienen una presencia recurrente en el discurso institucional, pero
todavía no ejercen una influencia proporcional a su importancia económica.
Según los datos presentados, estas
unidades representan el 96 % del tejido productivo nacional, generan más del 61
% de los empleos y aportan el 32 % del producto interno bruto. Esa relevancia,
señaló, contrasta con la debilidad de los mecanismos mediante los cuales sus
necesidades llegan hasta las instancias donde se diseñan las políticas
públicas.
El expositor describió una comunicación
históricamente asimétrica. Mientras el Estado dispone de estructuras para
anunciar financiamientos, capacitaciones, compras públicas y otras decisiones
favorables, la comunicación que asciende desde las mipymes hacia las
autoridades permanece fragmentada y estructuralmente débil.
A diferencia de los sectores industrial y
financiero, que cuentan con organizaciones consolidadas y capacidad de
incidencia normativa, el universo de las mipymes reúne actividades muy
distintas: desde emprendimientos informales de subsistencia hasta pequeñas
industrias formalizadas. Gómez Mazara advirtió que esa heterogeneidad impide
hablar de una voz única del sector.
“Un mensaje dirigido a los micro, pequeños
y medianos empresarios es, por construcción, vacío o contradictorio”, expuso.
En su opinión, exigir una posición unificada puede terminar suprimiendo
diferencias legítimas y entregando mayor capacidad de influencia a los grupos
mejor organizados.
Como parte de su diagnóstico, Gómez Mazara
diferenció al menos cuatro segmentos que requieren tratamientos comunicacionales
específicos: el microempresario informal, el microempresario formal, la pequeña
empresa formal y la mediana empresa.
Para los negocios informales, explicó, el
foco debe colocarse en las barreras de entrada y en una formalización gradual.
Los micronegocios formalizados requieren incentivos tributarios y condiciones
que favorezcan su supervivencia. Las pequeñas empresas demandan acceso al
crédito, participación en las compras públicas y oportunidades de expansión.
Las medianas, en cambio, prestan mayor atención a la competencia desleal, la
protección productiva y las exportaciones.
El funcionario también cuestionó la idea
de que las plataformas digitales, por sí solas, puedan resolver el problema de
representación y consulta del sector. Citó datos de la Encuesta Nacional de
Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, según los cuales el 92.7 % de las
operaciones de las mipymes se realizaba en efectivo, mientras apenas el 29.4 %
disponía de internet para el negocio, el 24.6 % utilizaba redes sociales, el 13
% tenía correo electrónico y solo el 8 % contaba con una página web.
Ese “embudo de exclusión digital”,
argumentó, limitaba la capacidad del Estado para consultar de manera
representativa a un universo empresarial amplio, heterogéneo y sin mecanismos
tecnológicos propios de agregación.
Para Gómez Mazara, este déficit histórico
admite una explicación estructural antes que intencional. El problema no era
necesariamente que el Estado se negara a escuchar, sino que no existían
instrumentos suficientes para hacerlo de forma representativa. Construir esa
capacidad, agregó, debe asumirse como una función estatal semejante a la
producción de estadísticas públicas.
El director de Promipyme indicó que entre
2023 y 2026 se ha formado un nuevo ecosistema de información sobre inclusión
financiera, educación financiera, demografía empresarial, microcrédito y
condiciones de las mipymes. Ese conjunto de datos permite pasar de fotografías
aisladas a una lectura más continua del ciclo productivo.
Como ejemplos de demandas convertidas en
instrumentos identificables, mencionó cambios relacionados con el pago de
anticipos, el Régimen Simplificado de Tributación y las gestiones con la
Dirección General de Impuestos Internos.
También destacó la elevación del 20 % al
30 % de la proporción del presupuesto de compras públicas reservada para
proveedores mipymes, con un 10 % destinado exclusivamente a empresas lideradas
por mujeres.
En el ámbito financiero, informó que
Promipyme cerró el período 2024-2025 con una cartera de RD$11,248 millones,
equivalente a una expansión del 30.6 %, al tiempo que redujo del 16.5 % al 10 %
la cartera en riesgo con atrasos superiores a 30 días.
El programa Tu firma es tu garantía fue
presentado como ejemplo del modelo narrativo propuesto. La historia parte de un
sujeto concreto —una microempresaria de San Juan—, identifica un obstáculo —la
ausencia de un garante para acceder al financiamiento—, señala la decisión
pública adoptada para eliminar esa barrera y concluye con un resultado
cuantificable: el programa llegó a representar el 8.2 % de la cartera.
De acuerdo con Gómez Mazara, esta
estructura permite que el beneficiario no solo reciba información sobre lo que
hace el Estado, sino que experimente el resultado y pueda relatarlo. Se trata,
dijo, de construir narrativas verificables y replicables, sustentadas en
evidencias y no únicamente en testimonios institucionales.
Inteligencia artificial
En la parte final de su exposición, Gómez
Mazara planteó la creación de cadenas trazables que documenten quién formuló
una demanda, desde qué territorio, qué instrumento público se originó, cuáles
recursos fueron asignados y qué resultados se obtuvieron.
La inteligencia artificial podría
contribuir a procesar grandes volúmenes de información procedentes de la
comunicación ascendente, detectar patrones territoriales y orientar la
asistencia técnica. No obstante, advirtió sobre la necesidad de garantizar una
protección estricta de los datos personales antes de ampliar el uso de estas
tecnologías.
Su propuesta incluyó evaluar periódicamente
la situación de las mipymes, reorientar la asistencia técnica de acuerdo con
cada etapa del ciclo productivo y comunicar con mayor claridad los beneficios
económicos de la formalización.
La intervención dejó como planteamiento
central que la comunicación política dirigida a las mipymes no debe medirse
exclusivamente por la cantidad de anuncios, publicaciones o actividades
oficiales. Su eficacia dependerá, más bien, de que los empresarios puedan
reconocer qué demanda produjo determinada norma, programa o facilidad y
comprobar cómo esa decisión modificó sus condiciones.
El XIX Congreso Internacional de
Comunicación Política se celebra los días 19 y 20 de agosto en Santo Domingo,
organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política y con el patrocinio
de Banreservas. El programa reúne ponencias sobre estrategias electorales,
inteligencia artificial, manejo de crisis y comunicación gubernamental.
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