Por Roberto Monclus
Acabo de terminar la lectura de Cómo
mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y confieso que
pocas obras de ciencia política me han llevado a reflexionar tanto sobre la
realidad dominicana. Los autores sostienen una tesis inquietante: las
democracias del siglo XXI rara vez sucumben por un golpe de Estado. Su
deterioro suele comenzar de manera gradual, mediante decisiones legales,
reformas institucionales y acciones que, tomadas de forma aislada, pueden
parecer normales, pero que, en conjunto, terminan debilitando los contrapesos
del sistema democrático. La historia ofrece ejemplos elocuentes: en Alemania,
la República de Weimar mostró cómo una democracia puede ser desmantelada desde
dentro mediante el uso de mecanismos legales y la captura progresiva de las
instituciones; en Venezuela, el deterioro democrático avanzó de forma paulatina
hasta concentrar el poder y vaciar de contenido los contrapesos; y en Perú, la
inestabilidad política y el enfrentamiento constante entre poderes han
evidenciado cómo la fragilidad institucional puede erosionar la confianza
ciudadana y debilitar la gobernabilidad.
La entrada en vigencia del nuevo Código
Penal en la República Dominicana ha reavivado ese debate. Diversos sectores,
especialmente organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de
expresión y del ejercicio periodístico, han advertido que algunos de sus nuevos
tipos penales podrían producir un efecto inhibidor sobre el trabajo de la prensa.
Por esa razón, algunos críticos han llegado a calificar esas disposiciones como
una “Ley Mordaza”, mientras que sus defensores sostienen que buscan proteger
derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la dignidad de las
personas. Ese contraste de posiciones merece un análisis sereno y
desapasionado.
Sería injusto afirmar que el presidente
Luis Abinader representa el perfil de un gobernante totalitario descrito por
Levitsky y Ziblatt. Durante sus seis años de gestión, la República Dominicana
ha mantenido la celebración de elecciones competitivas, el funcionamiento de
los partidos políticos y un debate público relativamente abierto. Sin embargo,
las democracias no dependen únicamente de la voluntad del jefe del Poder
Ejecutivo. También están determinadas por la conducta del Congreso Nacional,
del sistema de justicia y de los demás órganos del Estado. Cuando desde
cualquiera de esos espacios se impulsan medidas que puedan restringir el
escrutinio público o generar temor en quienes ejercen el periodismo,
corresponde preguntarse si se están debilitando algunos de los pilares
esenciales de una sociedad democrática.
El mayor aporte de Cómo mueren las
democracias es precisamente esa advertencia: el deterioro institucional suele
ser silencioso. Los autores identifican señales de alerta como el
debilitamiento de los controles institucionales, la deslegitimación de las
voces críticas y la utilización expansiva de las herramientas legales contra
adversarios o sectores incómodos. Eso no significa que toda reforma legal
conduzca inevitablemente al autoritarismo, pero sí recuerda la importancia de
examinar cuidadosamente cualquier norma que pueda afectar el equilibrio entre
el ejercicio del poder y las libertades públicas.
Como periodista y abogado, considero que el
debate sobre el nuevo Código Penal debe centrarse en garantizar que la
protección de derechos individuales no termine limitando de manera
desproporcionada la libertad de expresión ni el derecho de la sociedad a
recibir información. La democracia dominicana ha demostrado fortaleza durante
décadas, pero esa fortaleza depende de instituciones capaces de tolerar la
crítica, proteger el disenso y preservar una prensa libre e independiente. Esa
es, quizás, la lección más vigente del libro de Levitsky y Ziblatt: las
democracias no se pierden de un día para otro; se erosionan cuando la sociedad
deja de vigilar, debatir y defender las libertades que les dan sentido.
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