Sobre la decisión presidencial de detener las actividades vinculadas al proyecto minero Romero en San Juan
La Comisión Ambiental de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) saluda la decisión anunciada por el
presidente de la República, Luis Abinader Corona, de disponer la detención
inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero,
promovido por GoldQuest en la provincia de San Juan.
La CAUASD valora positivamente que el
Poder Ejecutivo haya reconocido la fuerza jurídica, ambiental y democrática de
la llamada licencia social, entendida como la aceptación informada, legítima y
participativa de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos de alto
impacto ambiental, territorial, hídrico y social.
Esta decisión confirma una verdad que la
Universidad, las comunidades y diversos sectores técnicos, científicos,
religiosos, productivos y sociales han venido planteando: no puede haber
minería viable donde existe rechazo social masivo, alta fragilidad hídrica,
importancia agrícola estratégica y riesgo de afectación a territorios
esenciales para la vida, la producción y el consumo humano.
La CAUASD felicita de manera especial al
pueblo de San Juan y del suroeste, a sus comunidades campesinas, productores,
juntas de regantes, organizaciones sociales, iglesias, profesionales, jóvenes,
mujeres, entidades académicas, ambientalistas y ciudadanos comprometidos que
han desarrollado una lucha cívica, ordenada, contundente, disciplinada y firme
en defensa del agua, la vida, la agricultura y el territorio.
Esta victoria ciudadana no debe ser
interpretada como el cierre del problema, sino como el inicio de una revisión
más profunda. El país debe examinar de manera integral todo el conjunto de
concesiones, solicitudes y derechos mineros que ocupan o presionan la vertiente
sur de la Cordillera Central y otras zonas de alta sensibilidad hídrica,
ecológica, agrícola y social.
La Comisión Ambiental de la UASD considera
indispensable que el Estado dominicano revise el modelo actual de otorgamiento
de concesiones mineras, especialmente cuando estas se superponen sobre cuencas
hidrográficas, zonas de recarga, territorios agrícolas, áreas de producción
alimentaria, comunidades rurales, asentamientos humanos y ecosistemas
estratégicos.
Asimismo, reiteramos que antes de
cualquier Estudio de Impacto Ambiental de proyecto debe realizarse una
Evaluación Ambiental Estratégica, como mandan la Ley 64-00, la Ley 368-22 de
Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio
Ambiente. El país no puede seguir evaluando proyectos aislados cuando lo que
está en juego es el cambio de destino territorial de regiones completas.
La CAUASD entiende que República
Dominicana necesita con urgencia una nueva Ley Minera, moderna, democrática,
preventiva y coherente con el interés nacional, que coloque por encima de
cualquier interés extractivo la protección del agua, la seguridad alimentaria,
el ordenamiento territorial, los derechos de propiedad, la participación
ciudadana, la justicia ambiental y la sostenibilidad ecológica.
La legislación minera vigente responde a
una visión superada del territorio y otorga a la minería una preferencia
incompatible con los desafíos actuales del país: cambio climático, estrés
hídrico, degradación de cuencas, conflictos territoriales, vulnerabilidad
agrícola y creciente demanda social de transparencia y participación.
Por tanto, la CAUASD llama al Gobierno
dominicano, al Congreso Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, al
Ministerio de Energía y Minas, a las universidades, academias, ayuntamientos,
juntas de regantes, organizaciones comunitarias y sectores productivos a abrir
un gran proceso nacional de revisión del régimen minero dominicano.
La decisión presidencial constituye un
paso correcto. Ahora corresponde avanzar hacia una política pública más
profunda: proteger las cuencas, ordenar el territorio, revisar las concesiones,
modernizar la ley minera y garantizar que ningún proyecto extractivo se imponga
contra la voluntad legítima de los pueblos.
Por el agua, por la vida, por la
agricultura, por el territorio y por el futuro nacional.

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