Por Freddy González
Ser demócrata no es una pose, ni un
atuendo desechable; es un accionar por convicción, un apego a principios y una
ética democrática, que respeta el derecho de los demás a disentir y que
garantiza su participación en condición de igualdad.
La Constitución del 2010 dio rango
constitucional a las organizaciones políticas del país.
En el artículo 216, de nuestro
ordenamiento jurídico establece: » La organización de partidos, agrupaciones y
movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en
esta Constitución».
Su conformación y funcionamiento deben
sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de
conformidad con la ley.
Sus
fines esenciales son:
Garantizar la participación de ciudadanos
y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la
democracia;
Contribuir, en igualdad de condiciones, a
la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo
político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección
popular;
Servir al interés nacional, al bienestar
colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Es cierto que los partidos son entidades
privadas, pero desempeñan una función pública regulada por la Ley 33/18 sobre
Partidos, Agrupaciones, Movimientos y como lo establece la motivación
fundamental para su incorporación como ente constitucional, es garantizar la
democracia interna y la transparencia de sus actuaciones regulada por las
leyes.
Contrariando el espíritu de nuestro
ordenamiento jurídico y las leyes específicas sobre la materia, nuestras
organizaciones políticas en sus diversas categorías actúan de espalda a las mismas.
La violación al primer derecho de la
ciudadanía a elegir y ser elegido mediante el voto personal, libre, secreto y
directo, como la establece el artículo 208 de nuestro ordenamiento; es una
constante en las entidades políticas del país, bajo la engañifa de que los
estatutos internos se lo permiten, olvidando que la Constitución está por
encima de las leyes, las ordenanzas, los decretos y ordenamientos de cualquier
institución pública o privada.
Ese ejercicio de democracia interna ha
sido sustituido por repartición de cargos entre los grupos hegemónicos que
interactúan en los mismos o mediante la modalidad asambleas de delegados que
cercenan el derecho de participación al conjunto de sus afiliados.
Con el secuestro al ejercicio democrático
en sus propios senos, la llamada soberanía de las bases establecida en los
estatutos de nuestras organizaciones, son piezas ornamentales colocadas para no
colegir con el ordenamiento jurídico del país.
La renovación de su estructura dirigencial
cada cuatro años como lo establece el artículo 18 de la Ley 33/18 sobre
Partidos, Agrupaciones y Movimientos, así como la escogencia de las
candidaturas de elección popular, mediante procesos democráticos es una
caricatura donde la repartición sustituyó la competencia, y el consenso la
convención.
Esta inversión de valores y principios en
nuestras organizaciones políticas donde la convención es la excepción y el
consenso la regla, es lo que ha llevado a nuestro sistema de partido de un
estado de pronóstico reservado a cuidado intensivo.
Esta situación ha tomado mayor profundidad
a raíz de las muertes de los tres grandes líderes del país de la segunda mitad
del siglo XX y la primera década del presente siglo: El Dr. José Francisco Peña
Gómez del otrora PRD, el Profesor Juan Bosch del PLD y el Dr. Joaquín Balaguer
del PRSC, partidos de los cuales han surgido diversas organizaciones siendo las
principales el PRM y la Fuerza de Pueblo (FP) y que han gobernado los últimos
70 años y 7 meses.
Es innegable que en este lapso el país ha
mantenido su estabilidad, el crecimiento, la movilidad social y reducido
tímidamente la línea de pobreza y la desigualdad.
Tenemos una descolorida democracia
producto en gran medida a la lucha y al sacrificio de una generación que
después de la posguerra ofrendó su vida para evitar la vuelta al Trujillismo,
sin Trujillo.
Pero esos avances en el camino de la
consolidación de la democracia en el país, no se reflejan hacia lo interno de
nuestras organizaciones políticas, entidades llamadas a velar por el establecimiento,
sostenimiento y ampliación de las conquistas democráticas del país.
Como lo establece el ya mencionado
artículo 216 de nuestra Carta Magna.
Nuestras organizaciones políticas están
peor que medio siglo atrás.
La desaparición física de esos líderes en
un intervalo de 4 años, dejó a sus partidos sin líderes reales, en manos de
dueños circunstanciales que obedecen a intereses corporativos o a entes
individuales, borrando las diferencias políticas e ideológicas entre las
mismas.
Hoy todos parecen iguales, solo se
distinguen por colores y los símbolos.
Unos son Azules, otros Morados, hay
Verdes, Rojos, Blancos, Amarillos, etc. etc. pero en esencia hacen, dicen y se
comportan de igual manera.
Nuestro sistema de partidos camina
aceleradamente al colapso y con ello la democracia misma. Porque democracia y
partidos son consustanciales y donde no hay partidos sólidos, la democracia es
un simulacro, una caricatura que no beneficia a las grandes mayorías del
pueblo.
Es el gran reto de nuestras organizaciones
políticas, no se puede ser demócrata de palabra, impidiendo su ejercicio en el
seno de las mismas, es imposible creer en quienes se dicen abanderados de la
democracia cuando, la vulneran, la cercenan y no la practican a lo interno de
sus organizaciones.
La democracia sólo se fortalece con más
democracia. Toda práctica que cercene la participación del pueblo en la
escogencia de sus autoridades, lo mismo que a lo interno de las organizaciones
políticas, es dañina y perjudicial que debe ser erradicada por el bien de
nuestro sistema de partidos, porque no hay democracia sin demócratas.
Que sepan todas nuestras organizaciones
políticas, en particular el PRM, organización en la que estoy afiliado, que la
práctica de conculcar el derecho que tienen sus bases de escoger sus
autoridades, sustituyendo la convención por el consenso, es un camino
equivocado que hace más mal que bien, que socava la unidad necesaria; garantía
imprescindible para el mantenimiento en el poder.
No contribuyamos al descrédito que ya
tienen nuestras organizaciones políticas, lo que ha venido ensanchado la franja
de los indecisos e independientes, poniendo un alto a esta práctica dañina.
Que la Convención sea la Regla y el
Consenso la Excepción, como forma de fortalecer el ejercicio democrático hacia
el interior de nuestras organizaciones
políticas.
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