SANTO DOMINGO, R. D.- La Dirección General de Migración (DGM) reiteró que, hasta el momento, no ha sido presentado ante la institución ningún caso concreto en el que se haya acreditado una actuación contraria al ordenamiento jurídico en materia de residencias y que sus decisiones administrativas, se rigen estrictamente por la Ley No. 107-13 sobre procedimiento administrativo.
La institución aclaró que las solicitudes
rechazadas responden a expedientes que no cumplen con los requisitos
establecidos en la legislación dominicana. En estos casos, la DGM ha adoptado
acciones administrativas basadas en criterios técnicos y legales definidos,
desmintiendo que se trate de decisiones arbitrarias, sino de una aplicación
rigurosa de las normas vigentes para regular la permanencia de extranjeros.
Citó que entre las causas principales para
la denegación de una residencia o permiso migratorio se encuentra la ausencia
del visado correspondiente, inconsistencias en la documentación presentada, la
no presentación de antecedentes penales en el país de origen u otras
jurisdicciones, resultados positivos en pruebas toxicológicas que evidencien
consumo de sustancias prohibidas y objeciones emitidas por organismos de
seguridad del Estado.
La DGM enfatizó que estos criterios no
constituyen decisiones arbitrarias, y responden a las normas vigentes
establecidas para de regular la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros
en el país. También señaló que, ante la alta frecuencia de documentos
falsificados o adulterados presentados en expedientes, la institución ha tenido
que reforzar los mecanismos de verificación.
Entre las irregularidades detectadas
figuran visados falsos, pasaportes adulterados, apostillas falsificadas,
certificaciones bancarias inexistentes y cartas laborales manipuladas.
Informó que estos y otros trámites para
ciudadanos extranjeros se realizan cumpliendo las normas de la Ley General de
Migración No. 285-04, su reglamento de aplicación y las disposiciones que
regulan la permanencia legal de extranjeros en el país.
La institución reitera que la República
Dominicana mantiene una política migratoria abierta y transparente; reafirmando
su compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad migratoria del
país y garantizar que todos los procesos administrativos se conduzcan con apego
a la Constitución y a las leyes.
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