Antoliano Peralta: “Ministerio de Justicia ha estado presente en el ordenamiento administrativo desde el nacimiento de la República Dominicana”
La idea de crear un Ministerio de Justicia fue presentada en su propuesta de Gobierno por el entonces candidato presidencial Luis Abinader y forma parte de sus planes de modernización y fortalecimiento institucional de la Administración Pública.
SANTO
DOMINGO, R. D.-
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó la
importancia de la creación del Ministerio de Justicia, al recordar que esta
figura jurídica ha estado presente en el ordenamiento administrativo de la
República Dominicana en ocasiones anteriores.
La idea de crear un Ministerio de
Justicia fue presentada en su propuesta de Gobierno por el entonces candidato
presidencial Luis Abinader y forma parte de sus planes de modernización y
fortalecimiento institucional de la Administración Pública.
“Al respecto, el artículo 109 de la
Constitución de San Cristóbal, del 6 de noviembre de 1844, instituyó el
“ministro secretario de Justicia”, al cual la Ley núm. 38, del 6 de noviembre
de 1845, le confirió sus funciones”, indicó Peralta Romero durante un panel de
discusión realizado en la sede de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNFHU), el pasado miércoles.
El funcionario agregó que, en 1931
mediante la Ley núm. 79 fue suprimida la Secretaría de Estado de Justicia,
Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo restablecida en 1934 a través de la
Ley núm. 173, que dentro de las competencias que se le otorgaron en aquel
entonces se destacan la defensa del Estado en casos litigiosos, la administración
de los locales para tribunales, la inspección de establecimientos carcelarios,
inspección del registro de propiedad, así como organizar y reglamentar el
Estado civil.
Peralta prosiguió al indicar que el 24
de diciembre de 1955 fue promulgada la ley 4177 mediante la cual se le
transfieren las funciones relativas al sector trabajo a la secretaría de
Justicia, pasando a llamarse Secretaría de Estado de Justicia y Trabajo.
Dijo también que es a partir del 10 de
noviembre de 1964, con la ley número 485, se suprime la Secretaría de Estado de
Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de la República,
lo cual se mantiene hasta la actualidad.
El consultor jurídico del Poder
Ejecutivo señaló que el pasado 26 de octubre del 2022, al participar en el
almuerzo-conferencia por el 32 aniversario de la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS), el presidente de la República, Luis Abinader anunció que la
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo inició los trabajos relativos a un
proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia como órgano responsable de
los asuntos administrativos.
Añadió que, en la actualidad esos
asuntos administrativos implican una carga innecesaria para el Ministerio
Público y que lo distraen de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer
la acción pública en representación de la sociedad.
Peralta Romero expresó que, como
resultado de este proceso consultivo, la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo tiene a la fecha un anteproyecto de ley que configura al Ministerio
de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución
de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder
Ejecutivo, para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de
Justicia.
“En fiel cumplimiento del principio de
separación de poderes previsto en el artículo 4 de nuestro texto
constitucional, hemos plasmado en el anteproyecto de ley que “el Ministerio de
Justicia cumplirá su objeto sin interferir en la independencia de los demás
órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia en el ejercicio
de sus respectivas funciones”, explicó el funcionario.
Peralta Romero recordó que en aquella
ocasión el presidente Abinader instruyó a la Consultoría a iniciar un proceso
de intercambio y consultas con las entidades académicas, gremios profesionales
y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica (…) para
presentar este proyecto de ley el próximo 27 de febrero en el Congreso
Nacional.
Aseguró que ha dado fiel cumplimiento a
la disposición presidencial, “hemos venido socializando el anteproyecto de ley
con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las
competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia, con los
gremios empresariales, así como también con la academia jurídica, representada
por las principales escuelas de Derecho del país, dentro de las que se destaca
la de esta prestigiosa Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)”.
El Consultor Jurídico señaló que el
Ministerio de Justicia quedaría integrado por los siguientes cinco
viceministerios:
1) Viceministerio
de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, que coordinará la atención y
colaboración brindadas desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia.
2) Viceministerio
de Representación Procesal, el cual coordinará, en los casos que corresponda,
la representación del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales
de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios
alternativos para la solución de conflictos.
3) Viceministerio
de Derechos Humanos, este coordinará el Sistema Nacional de Derechos Humanos,
contemplado en el anteproyecto, así como las políticas públicas en materia de
derechos humanos. También instrumentará la respuesta a los requerimientos
normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales de
derechos humanos.
4) Viceministerio
de Políticas Penitenciarias y Correccionales, el cual coordinará el Sistema
Penitenciario y Correccional y las políticas públicas penitenciarias y
correccionales.
5) Viceministerio
de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, que coordinará la
administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su
competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la
ciudadanía bajo su cargo.
Sostiene que, en adición, el Ministerio
tendrá bajo su adscripción órganos autónomos y descentralizados, como lo son la
Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Procurador General Administrativo,
a la vez que contará con dependencias desconcentradas, como el Instituto
Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, entre otros.
“En lo que respecta a las atribuciones
del ministerio estas van desde ccoordinar el Sistema de Servicios
Penitenciarios y Correccionales y las políticas públicas penitenciarias y
correccionales, hasta coordinar la administración y certificación de los asuntos
registrales asignados actualmente al Ministerio Público, así como la
articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo”, agregó.
Peralta Romero, reafirmó el compromiso
de la actual Administración no solo con la independencia del Ministerio
Público, sino también con hacer de este órgano del sistema de justicia un
instrumento más ágil en el cumplimiento de sus atribuciones procesales
naturales.
Igualmente, reiteró el compromiso del
presidente Abinader con impulsar una Administración Pública capaz de ofrecer
servicios a la ciudadanía cónsonos con el derecho fundamental a la buena
administración y a los principios de buen gobierno.
Añadió que, en definitiva, esta
propuesta de crear un Ministerio de Justicia, ha sido una aspiración de la
comunidad jurídica dominicana desde hace mucho tiempo, tal como ocurre en
Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, entre otros países, constituye un paso más,
tendente a insertar a la República Dominicana en los más avanzados esquemas de
organización de la Administración pública en el continente americano.
En la mesa de discusión también
participaron los abogados Nasset Perdomo, Namphi Rodríguez, Felix Tena y
Rodolfo Valentín Santos.
Comentarios
Publicar un comentario