Muy bien presidente, pero...


Por Pablo Vicente

 

Después de varios reclamos desde diversos sectores de la sociedad y, en especial desde los partidos políticos, el Poder Ejecutivo accedió otorgar una nueva partida presupuestaria a la Junta Central Electoral (JCE), que será utilizada en el montaje de las primarias de las organizaciones partidarias y de las elecciones de 2024.

 

El presidente de la república garantizó a los miembros del Pleno de la JCE un aumento de RD$4,500 millones al presupuesto de ese órgano que serán sumados a los RD$8,011 millones que ya habían sido asignados en la Ley de Presupuesto de 2023.

 

Sobre el tema en cuestión muchas voces han felicitado esta iniciativa por parte del ejecutivo; sin embargo, es preciso destacar que la Constitución de la república en su Artículo 212 establece que la Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.

 

Además, se establece que La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.

 

Independientemente de que dicha partida a la JCE viene a resolver una situación, sin embargo, nos preocupa el manejo dado por el Ejecutivo a una asignación de fondos de forma directa y administrativa, pudiendo haber consignado dicha partida en el presupuesto nacional del Estado y no al margen el rol del Congreso Nacional y la función que le otorga la Constitución en relación a las asignaciones presupuestarias a través de la ley.

 

El trato a la JCE como órgano extra poder tiene que ser siempre revestido de la mayor legitimidad e independencia en sus funciones por lo que dicha práctica, que no es nueva, constituye un elemento a dejar atrás ya que no contribuye al fortalecimiento del órgano rector de los procesos electorales, es necesario apostar siempre a una mayor institucionalidad y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y la democracia dominicana.

 

El autor es presidente de FUJUDEL, magíster en derecho electoral 

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