Por Pablo Vicente
Después de varios reclamos desde diversos sectores de la sociedad y, en
especial desde los partidos políticos, el Poder Ejecutivo accedió otorgar una
nueva partida presupuestaria a la Junta Central Electoral (JCE), que será
utilizada en el montaje de las primarias de las organizaciones partidarias y de
las elecciones de 2024.
El presidente de la república garantizó a los miembros del Pleno de la JCE
un aumento de RD$4,500 millones al presupuesto de ese órgano que serán sumados
a los RD$8,011 millones que ya habían sido asignados en la Ley de Presupuesto
de 2023.
Sobre el tema en cuestión muchas voces han felicitado esta iniciativa por
parte del ejecutivo; sin embargo, es preciso destacar que la Constitución de la
república en su Artículo 212 establece que la Junta Central Electoral es un
órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa,
presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir
las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de
participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes.
Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.
Además, se establece que La Junta Central Electoral velará porque los
procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y
equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del
financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y
límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de
comunicación.
Independientemente de que dicha partida a la JCE viene a resolver una
situación, sin embargo, nos preocupa el manejo dado por el Ejecutivo a una
asignación de fondos de forma directa y administrativa, pudiendo haber
consignado dicha partida en el presupuesto nacional del Estado y no al margen
el rol del Congreso Nacional y la función que le otorga la Constitución en
relación a las asignaciones presupuestarias a través de la ley.
El trato a la JCE como órgano extra poder tiene que ser siempre revestido
de la mayor legitimidad e independencia en sus funciones por lo que dicha
práctica, que no es nueva, constituye un elemento a dejar atrás ya que no
contribuye al fortalecimiento del órgano rector de los procesos electorales, es
necesario apostar siempre a una mayor institucionalidad y al fortalecimiento
del sistema de partidos políticos y la democracia dominicana.
El autor es presidente de FUJUDEL, magíster en derecho
electoral
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