Por Balbueno Medina
Las Superintendencias del Estado dominicano, son órganos de regulación
descentralizadas que velan por el buen funcionamiento de los sectores
especializados que se dedican a prestar servicios desde el ámbito privado a la
sociedad dominicana.
Entre esos órganos de regulación, contamos con el Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones (Indotel), que regula el funcionamiento de las empresas
prestadoras de servicios de Telecomunicaciones, la Superintendencia
de Bancos (Sb), que regula el funcionamiento de la Banca Comercial, la
Superintendencia de Seguros (Sg), que regula las empresas prestadoras de
Servicios de Seguros, la Superintendencia de Electricidad (Sie), que regula el
Sector Eléctrico, la Superintendencia de Pensiones (Sipen), que regula las
Administradoras de Fondos de Pensiones, la Superintendencia de Valores (Siv),
que regula el Mercado de Valores de la República Dominicana, entre otras, que
operan bajo leyes especiales aprobadas por el Congreso Nacional que les
confieren autonomía financiera y administrativas.
A su vez, las Superintendencias como órganos descentralizados del Estado
dominicano, se encuentran adscriptas a diferentes Ministerios que son los que
presiden los Consejos de Dirección de las mismas, y estos son los que
finalmente adoptan mediante resoluciones aprobadas por mayoría de sus
integrantes las políticas a seguir por el órgano en cuestión.
De ahí, es que tomando en cuenta las diferentes variables que se presentan
en el ámbito del sector regulado, los miembros de los Consejos de las
Superintendencias adoptan las políticas salariales a favor de sus servidores en
el interés de equipararlos a los niveles de montos que percibidos por los funcionarios
y empleados de las empresas reguladas para evitar el éxodo de técnicos
calificados que laboran para el Estado.
Desde ese punto de vista, es que hemos sostenido que los aumentos que se
han producido en algunas Superintendencias del Estado, no son pecaminosos, ni
mucho menos tienen indicios de corrupción, sino de que más bien obedecen a una
necesidad o realidad del mercado porque los niveles de inflación que se
registran en nuestra economía han obligado a ciertas empresas a reajustar los
sueldos a sus servidores y eso podría ser visto como algo tentador por técnicos
que les sirven al Estado y que devengan salarios inferiores para decidirse por
optar por un empleo privado con mayores garantías sociales.
Lo mismo puede aplicar para los ejecutivos principales de las
Superintendencias del Estado, que mientras ven que en las empresas del sector
privado que regulan, sus principales funcionarios devengan altos sueldos y
otros beneficios marginales que no les son proporcionados por esos órganos
reguladores, se ven obligados a regularizar su situación salarial para poder
equipararse a los mismos como autoridad del sector.
Quizás el tiempo para tomar esas decisiones no fue el apropiado, y aun en
medio de las actuales circunstancias económicas que vive el país, debió mediar
una consulta previa al más alto nivel del gobierno para tratar de detenerlas
con tiempo, porque la mayoría de esas Superintendencias tienen como norma
aumentar los sueldos a sus ejecutivos y servidores en base a las reglas del
mercado que dirigen para no desencajar en su ámbito de regulación.
Recuerdo que en el año 1997, cuando el Banco Mundial (BM), decidió
patrocinar la creación del Indotel como órgano regulador del mercado de las
Telecomunicaciones en el país, una de las principales condiciones que puso para
otorgar el préstamo al Estado dominicano fue que sus incumbentes fueran
designados con salarios iguales o por encima de los que percibían los
ejecutivos de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones en el
momento.
Fue así que para el año 1998, cuando se aprueba la Ley 153-98, el
presidente del Indotel y los demás ejecutivos de ese órgano regulador fueron
designados con sueldos semejantes a los ejecutivos de las empresas prestadoras
de servicios de Telecomunicaciones, porque también fue una exigencia de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), que es la entidad que
agrupa a todos los órganos reguladores de las Telecomunicaciones en el mundo,
lo que supongo deberían aplicar las demás Superintendencias del Estado en caso
de que los órganos regionales e internacionales que las agrupan mantengan esa
condición como mandato.
De manera, que en las decisiones tomadas por los Superintendentes que
aumentaron los salarios en sus instituciones, lo único que faltó fue que
primara un dialogo de alto nivel jerárquico a nivel del gobierno dominicano,
porque esas revisiones salariales son normales y necesarias para la
operatividad de esas instituciones, por cuanto cada consejo tiene la facultad
de hacerlo cuando lo considere oportuno tomando en cuenta las condiciones que
les imponga el mercado que regulan en el momento.
Comentarios
Publicar un comentario