Por Miguel Ángel Cid Cid
El fin último de una ley de ordenamiento territorial
y uso de suelo consiste enalcanzar la máxima armonía entre los actores sociales
y la naturaleza. Así como elmedio natural protege al hombre, la intervención de
éste que obre en beneficio de la naturaleza.
Porque las consecuencias de la interacción
socio-política requiere de una intervención planificada y de reglas de juego
claras y precisas. Esta es una forma segura de encontrar solución a los
conflictos propios de ese entramado de relaciones. Solo con acciones planeadas
se podrían formular las reglas que instauren un régimen de consecuencias
aceptado por la mayoría de la sociedad.
Pues sectores de la sociedad civil y del gobierno nacional
trabajan en la creación de la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de
Suelo y Asentamientos Humanos”. El proyecto está en estudio por una comisión
bicameral que la encabeza Faride Raful, senadora del Distrito Nacional y
Eliezer Matos, diputado.
Pero, ¿de qué sirve gastar tiempo en exigir la
aprobación de una ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos
humanos? Veamos:
En el 2010 se realizó una lucha masiva por el 4% del
PIB para educación. Tan masiva que sentó ejemplo de movilización social. Tan
efectiva que la presión obligó a los sectores de poder político y al gobierno a
establecer el 4% del PIB para la educación.
En el ámbito municipal existen leyes como la 170-07
del Presupuesto Participativo Municipal. La 176-07 del Distrito Nacional y los
municipios. Y la 166-03 Sobre los Ingresos Municipales. Esta Ley regula las
transferencias financieras a los ayuntamientos y establece una escala salarial
para los funcionarios electos.
¿Para qué han servido estas leyes?
Han servido para citarlas en libros, discursos,
artículos de opinión y conferencias magistrales. Sirven para demostrar, con las
citas extensas, la calidad técnica e intelectual de los escritores o
disertantes.
Sirven, además, para ser violadas por los ciudadanos
y más aún por las autoridades llamadas a hacerlas cumplir. Por ejemplo:
Los recursos del 4% del PIB a educación se emplean en
construir cientos de centros educativos. Se compra el desayuno escolar y se
pagan las nóminas. Los edificios de las escuelas se agrietan por cualquier
temblor o una simple lluvia. Es una casualidad que cientos de estudiantes se
intoxiquen al ingerir los alimentos comprados. La leche la sustituyen por suero
lácteo y el cuidado en la preparación es equivalente a la de cualquier
restaurante de primera.
Y la calidad de la educación ¿para cuándo?
Los ayuntamientos simulan el Presupuesto
Participativo realizando asambleas consultivas sin ton ni son. El paso del
tiempo y la formalidad de las consultas va alejando de año en añoslos métodos
que facilitan la participación. El PPM, cuando no lo regulabala ley, era más
participativo que lo que se hace hoy día.
La Constitución del 2010 estableció como prioridad
del Estado el plan de ordenamiento territorial. El artículo 194 dice “… es
prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de
ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los
recursos naturales…”.
Once años después el Congreso Nacional se aboca a
cumplir el mandato constitucional. Los senadores, diputados y el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo están preocupados por la falta de esa Ley.
Igual sucede con organizaciones influyentes de la sociedad que se pusieron
pa’esa.
¿Mostraran la misma preocupación para que una vez
aprobada se haga cumplir la Ley?
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