Por Pedro Richardson
Durante la tiranía trujillista el entorno familiar de Trujillo hacia
negocios, algunos tan impropios como los burdeles, escamoteaba propiedades
privadas, pero no depredaba el Estado. Claro, Trujillo entendía que el Estado
era él y robar lo público era robarle su peculio personal.
Son harto conocidas las diferencias que tuvo el dictador al final de su
mandato con los familiares que querían sacar del país grandes cantidades de
dólares.
Del régimen de Balaguer, al que se atribuye un alto grado de corrupción que
al decir del caudillo de Navarrete sólo se detenía en la puerta de su despacho,
el entorno familiar de Balaguer representado en sus hermanas Laita y Ema (no
Emma) fundamentalmente no se le atribuye
un alto grado de corrupción. De doña
Emma que ejerció la política a través de
la acción social de La Cruzada de Amor desconozco se enriqueciera depredando al
Estado y de Laita sé de la flota de camiones volteos que poseía y con los
cuales conducidos por militares deban transporte de materiales en la Fábrica
Dominicana de Cementos.
En el gobierno de Leonel Fernández, uno de los más permisivos con la
corrupción, sus medios hermanos de padre y su propio progenitor tienen
capítulos pendientes de investigación, más no así su hermano de madre que
siempre ha mantenido un bajo perfil y hasta donde conozco no se le enrostra depredación
estatal.
Sin embargo en la administración de Danilo Medina y a la luz de toda la
podredumbre que ha salido a flote es claro que el entorno familiar actuó con
alevosía y acechanza contra los fondos públicos en un hecho sin precedente en
la historia dominicana.
Lógicamente que todo ello no pudo haberse producido sin el consentimiento, apañamiento
y encubrimiento del presidente Danilo Medina.
Nunca como ahora la sociedad dominicana ha reclamado con mayor vigor
sanciones ejemplarizadora para la corrupción y la recuperación de lo
escamoteado. De manera que no dudo ver a Danilo encausado y condenado
por lo que el PLD quedaría muy mal parado de continuar con la línea de
defensa a quienes son cuestionados cuando lo correcto es reclamar sanción a la
corrupción y el cumplimiento del debido proceso.
Pedro Richardson es ciudadano municipalista.
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