Fedomu y DGCP fortalecerán capacidades técnicas de gobiernos locales en materia de compras y contrataciones
Ejecutarán un plan de trabajo para la elaboración de un modelo de pliego de condiciones para la contratación de la gestión y disposición final de los residuos sólidos.
SANTO DOMINGO, R. D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas
(DGCP) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) acordaron este martes
trabajar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos
locales para la adquisición de obras, bienes y servicios, a fin de garantizar
la adecuada implementación de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones
Públicas y el uso del Portal Transaccional.
En el marco de un convenio de colaboración firmado por el
presidente de Fedomu y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y el director de la
DGCP, Carlos Pimentel, ambas instituciones dejaron conformado un equipo de
coordinación técnica que, entre otras tareas, diseñará un Plan de Capacitación
dirigido a los responsables de las áreas administrativas y financieras, en
especial a los departamentos de compras de los ayuntamientos del país.
En ese sentido, la DGCP se comprometió a brindar
asistencia técnica a los gobiernos locales en sus procesos de contratación
pública y a celebrar seminarios y talleres de capacitación con las máximas
autoridades municipales sobre la normativa vigente, así como a potenciar su
implementación en el territorio a favor de las Mipymes y mujeres.
Asimismo, invitará a los representantes de Fedomu y sus
asociados a actividades de formación y sensibilización en temas afines al
desarrollo sostenible, gestión de procesos o contratos públicos, buenas
prácticas de contratación y cualquier otro tema que resulte de interés para el
fortalecimiento de las capacidades de los cabildos.
En otro punto del acuerdo, ambas entidades se
comprometieron a diseñar un plan de trabajo conjunto que implique la
elaboración de un modelo de pliego de condiciones para la contratación de la
gestión y disposición final de los residuos sólidos, otorgando un énfasis
especial a las mejores prácticas en el diseño de los procesos y de los
contratos que se traduzcan en beneficio de las comunidades. Además, a revisar
las disposiciones contenidas en el marco legal actual y su adaptabilidad a las
particularidades de los territorios.
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