SANTO DOMINGO, R. D.- El dirigente político Guido Gómez Mazara solicitó formalmente por
ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), la investigación sobre el caso Electromédica y añadió
elementos a los expedientes al INAIPI y al programa de Asfaltado del MOPC.
Gómez Mazara entiende que los del caso referente a la compañía
Electromédica, el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera
Infancia (INAIPI), y el Programa Nacional de Asfalto realizado por el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), constituyen modelos
lamentables de prácticas opacas donde se asocian ventajas financieras y
relaciones políticas propias de un tinglado mafioso que tanto daño generan al
desenvolvimiento de las instituciones públicas.
Para el jurista, profesor universitario y dirigente político, la
operación de RD$655 millones realizada por Electromédica es el prototipo
de violación al ordenamiento legal que resulta inobservado por las autoridades
debido a la relación de carácter política entre la compañía suplidora y las
autoridades oficiales del sector salud, porque la violación a las leyes 41-08
de Función Pública y 340-06 sobre Compras y Contrataciones limitan
perfectamente operaciones con funcionarios que, su condición de accionistas en compañías,
mantengan operaciones con entidades gubernamentales.
Señaló que los escándalos conocidos en el marco de los últimos meses en
que se relacionan funcionarios, compañías suplidoras, precios abultados y
colindancias partidarias representan una de las múltiples modalidades de
acumulación que han construido riquezas inmensas en el marco de niveles de
complicidad alarmante que las autoridades del Ministerio Público deben de
responder sin que el momento electoral paute el ritmo de respuestas
institucionales en capacidad de satisfacer la sed de justicia en la ciudadanía
y afán por sanciones penales responsables.
Gómez Mazara advirtió que en los casos de INAIPI y Plan Nacional de
Asfaltado en MOPC, se repite el esquema de ventajas financieras, desprecio del
marco legal y convencimiento de que el factor político garantiza niveles de
impunidad porque los beneficiarios de los procedimientos están asociados con
instancias de poder y que la actual situación de emergencia alrededor de la
crisis sanitaria facilita piruetas éticas que serán toleradas por la sociedad.
Recordó que en el caso de Electromédica, la actual directora de INAVI
aparece como una de las principales accionistas de la compañía que suple a
instituciones del sector salud, en el INAIPI la confesión de un empresario
respecto de solicitud de 30 millones para facilitar una operación en la entidad
y muchos beneficiarios del programa de asfaltado asociados a movimientos y
cenas de recaudación a favor del candidato del PLD, revelan un esquema que debe
ser denunciado y sus responsables procesados.
Planteó de la importancia en introducir nuevos elementos a los
expedientes de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado porque el ordenamiento
procesal permiten “sumar piezas de vital importancia” en toda la etapa de
investigación frente al convencimiento de que las colindancias en ambos casos
con el poder político generan la sensación de tratos blandos y cómplices en
toda la etapa de investigación.
Finalmente, reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de
compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos actuales,
sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto
sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional.
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