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jueves, 23 de abril de 2020

Fiscal General James lucha para proteger la nutrición del niño



Objetos a las normas de destripar propuesta de administración Trump para las comidas escolares saludables  

Debilitado estándares de nutrición impacto más de 1.6 millones Nueva York escolares

NUEVA YORK - El Procurador General Letitia James lideró una coalición de varios estados de los 20 fiscales generales en empujando hacia atrás contra el Departamento de Agricultura (USDA) de EE.UU. reversión de los estándares de nutrición para las comidas escolares propuesto.

En los comentarios presentados ante el Trump USDA, la coalición sostiene que la regla propuesta debilitaría sustancialmente las normas existentes para las comidas escolares que decenas de millones de niños dependen de cada día, incluyendo 1,6 millones de niños en Nueva York solamente, y no tiene ninguna base sólida en ciencia de la nutrición.

“Movimiento ilegal de la Administración de Trump para denegar el acceso a las comidas escolares saludables ignora la salud y el bienestar de más de un millón de niños en Nueva York”, dijo el Procurador General James. “A medida que el país se enfrenta con las consecuencias económicas y de salud de la COVID-19 pandemia, el gobierno federal no debería tomar medidas para socavar principales beneficios de salud para nuestros niños, especialmente los que dependen de las comidas escolares como su principal fuente de nutrición. Voy a seguir la lucha por asegurar que las comidas equilibradas, nutricionales son accesibles a nuestros más jóvenes neoyorquinos”.

En 2012, el Departamento de Agricultura adoptó los estándares de nutrición saludables para las comidas escolares. De acuerdo con la propia investigación del USDA, estas normas han mejorado notablemente la calidad nutricional de los desayunos y almuerzos escolares en la que tantos niños en este país dependen. Por desgracia, la regla propuesta debilitaría significativamente estas normas. En concreto, la coalición se opone a las propuestas del USDA:

Reducir las porciones semanales mínimos necesarios del “/ naranja roja” y “otros” grupos vegetales en los almuerzos escolares, como los tomates y las zanahorias;
Corte en la mitad de los requerimientos diarios mínimos de porciones de fruta en el desayuno escolar que se sirven en configuraciones distintas de las cafeterías;

Eliminar la prohibición de las grasas trans sintéticas en las comidas escolares sin garantía de que han sido prohibidos en el suministro de alimentos de Estados Unidos;

Permitir a los distritos escolares más pequeños, en efecto, para servir a sus estudiantes más jóvenes comidas con niveles de calorías y sodio apropiado sólo para los estudiantes de mayor edad; y

Permiten a las escuelas ofrecer a los estudiantes con sabor a agua que contiene edulcorantes artificiales, sin calorías y otros aditivos artificiales que podrían socavar importante el consumo de leche por los estudiantes.

Establecido en 1946, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares es un programa subvencionado por el gobierno federal que provee a los estudiantes con las comidas sanas y equilibradas en las escuelas sin ningún costo bajo o. En 1966, se añadió el programa de desayunos escolares. Desde ese momento, el Congreso ha tomado medidas para garantizar las pautas alimenticias de ese programa mantenerse al día con la mejor evidencia científica, con el más reciente modernización se produce en 2010 con la aprobación de la, sin Hambre Ley de Niños Saludables, lo que llevó a las regulaciones del USDA 2012.

En 2019, casi 30 millones de niños consumen casi cinco mil millones de almuerzos escolares y más de 14 millones de niños comieron el desayuno escolar en los programas nacionales de alimentación escolar y desayuno, con más de 1,6 millones de niños que participan en Nueva York solamente. Los programas de comidas escolares son especialmente importantes para los niños de familias de bajos ingresos; en 2019, más del 74 por ciento de los almuerzos escolares y el 85 por ciento de los desayunos escolares proporcionados a niños en edad escolar en Estados Unidos se ofrecieron de forma gratuita oa un precio reducido.

Ese número es probable que aumente como resultado de la contracción de la economía de Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19, lo que significa que aún más niños dependerán de las comidas escolares como su principal fuente de nutrición. Además, según las propias cifras del USDA, un porcentaje desproporcionadamente alto de estudiantes que participan en los programas nacionales de alimentación escolar y el desayuno son de color negro o hispano.

La carta de comentarios sigue una demanda multiestatal dirigida por la Fiscal General James presentada en abril de 2019 en contra de la USDA para debilitar ilegalmente límites de sodio federales y los registros de grano entero para las comidas escolares.  Según la demanda que el USDA redujo los requisitos de nutrición que proporciona una base científica ni legalmente obligatorios para el cambio, ni requiere notificación pública y la oportunidad de hacer comentarios.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). USDA tarde se trasladó a desestimar la demanda por motivos de pie, pero el 16 de abril de 2020, el tribunal denegó la petición del USDA para despedir, encontrando que los estados demandantes habían establecido su posición y que su reto de sodio del USDA y reversiones de grano entero podrían proceder.

Unirse a Fiscal General James en la carta de comentarios son los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

Esta cuestión está siendo manejado por la Oficina de Protección Ambiental de la Oficina del Fiscal General de Nueva York y está dirigido por el Jefe de la Oficina Adjunta Mónica Wagner, Fiscales Auxiliares Samantha Liskow y Max Shterngel, y Director Científico Jodi Feld, en consulta con el Buró de Protección Ambiental Jefe Lemuel Srolovic, y bajo la supervisión del Jefe del Consejo Federal de Iniciativas Mateo Colangelo y primer Procurador general Jennifer Levy.


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