Ante las medidas del gobierno del 25 de marzo


Por Faustino Collado

Ante el reclamo nacional el gobierno dominicano ha tomado una serie de medidas económicas y sociales, algunas de esas medidas, en principio, van parcialmente en la dirección correcta, planteada por diferentes organizaciones políticas e instancias sociales, para asistir a los más vulnerables en la presente crisis de salud, la producción y el empleo. Sin embargo, el gobierno se ha quedado corto en las fuentes  identificadas, en los montos asignados y en el tiempo en que funcionará esta asistencia.

En primer lugar, el gobierno del PLD no ha sacrificado un solo peso del presupuesto de este 2020 ni de las reservas presupuestas en diferentes fondos, como lo es el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, creado por la ley 147-02 de Gestión de Riesgos, que se nutre, básicamente, del 1% de los ingresos corrientes del gobierno y que está proyectado en RD$7,508.2 millones; tampoco ha eliminado, como debiera, gastos superfluos e innecesarios, como es la promoción del mismo gobierno y sus funcionarios, que asciende a varios miles de millones de pesos.

El Presidente Danilo Medina ni siquiera se refirió al 5% de los ingresos corrientes que la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 le asigna a su Presidencia cada año para gastos discrecionales, y que en este 2020 está previsto alcance la suma de RD$37,541.17 millones. Es cierto que los ingresos del gobierno serán menores de lo previsto, pero con más razón, el Presidente debió anunciar un reordenamiento del gasto público.

Antes al contrario, lo que ha hecho el gobierno es endeudarse con el Banco Central en 12 mil millones de pesos, utilizar un préstamo de 150 millones de dólares para estos subsidios, que representa unos 8 mil millones de pesos, más otros 12 mil millones que le corresponden a los trabajadores y que están en el Instituto de Riesgos Laborales, que debió ser tomado, también, a título de préstamo. 

Llama poderosamente la atención que, mientras solo se utilizarán estos 32 mil millones en subsidios durante dos meses, sin sacrificar un peso del presupuesto del gobierno para este año, al sector productivo el Banco Central le está facilitando préstamos a tasas bajas por 52 mil millones de pesos, más el acceso a 500 millones de dólares. Esto último, en general,  es aceptable, pero contrasta con lo dispuesto para los asalariados.

Precisamente, al disponerse tan solo de 32 mil millones, una parte de los cuales es para alimentos, incluidos estudiantes, presupuestado ya en Educación, los 8,500.00 pesos para suspendidos o cancelados es completamente insuficiente. Pero ni siquiera esos 8,500.00 están seguros, pues el Presidente ha dicho “hasta 8,500 pesos”. En otra medida se ha dispuesto reducir un 30% del salario para que las empresas no hagan despidos, y del 70% el gobierno dará una parte y las empresas otra. Nuevamente, el asalariado pierde.

Es evidente que el gobierno debe tomar esto más en serio, reordenar el presupuesto y avanzar la aprobación del presupuesto complementario; duplicar por lo menos el fondo para subsidios y gastos médicos, llevándolo a tres meses; mientras que desde los sindicatos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, se deben crear veedurías y comités de emergencia ciudadanos para dar seguimiento al gasto público y defender los intereses de los asalariados y populares en medio de esta crisis.

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