Por Faustino
Collado
Ante el reclamo
nacional el gobierno dominicano ha tomado una serie de medidas económicas y
sociales, algunas de esas medidas, en principio, van parcialmente en la
dirección correcta, planteada por diferentes organizaciones políticas e
instancias sociales, para asistir a los más vulnerables en la presente crisis
de salud, la producción y el empleo. Sin embargo, el gobierno se ha quedado
corto en las fuentes identificadas, en
los montos asignados y en el tiempo en que funcionará esta asistencia.
En primer lugar,
el gobierno del PLD no ha sacrificado un solo peso del presupuesto de este 2020
ni de las reservas presupuestas en diferentes fondos, como lo es el Fondo
Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, creado por la
ley 147-02 de Gestión de Riesgos, que se nutre, básicamente, del 1% de los
ingresos corrientes del gobierno y que está proyectado en RD$7,508.2 millones;
tampoco ha eliminado, como debiera, gastos superfluos e innecesarios, como es
la promoción del mismo gobierno y sus funcionarios, que asciende a varios miles
de millones de pesos.
El Presidente
Danilo Medina ni siquiera se refirió al 5% de los ingresos corrientes que la
Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 le asigna a su Presidencia cada año para
gastos discrecionales, y que en este 2020 está previsto alcance la suma de
RD$37,541.17 millones. Es cierto que los ingresos del gobierno serán menores de
lo previsto, pero con más razón, el Presidente debió anunciar un reordenamiento
del gasto público.
Antes al
contrario, lo que ha hecho el gobierno es endeudarse con el Banco Central en 12
mil millones de pesos, utilizar un préstamo de 150 millones de dólares para
estos subsidios, que representa unos 8 mil millones de pesos, más otros 12 mil
millones que le corresponden a los trabajadores y que están en el Instituto de
Riesgos Laborales, que debió ser tomado, también, a título de préstamo.
Llama
poderosamente la atención que, mientras solo se utilizarán estos 32 mil
millones en subsidios durante dos meses, sin sacrificar un peso del presupuesto
del gobierno para este año, al sector productivo el Banco Central le está
facilitando préstamos a tasas bajas por 52 mil millones de pesos, más el acceso
a 500 millones de dólares. Esto último, en general, es aceptable, pero contrasta con lo dispuesto
para los asalariados.
Precisamente, al
disponerse tan solo de 32 mil millones, una parte de los cuales es para
alimentos, incluidos estudiantes, presupuestado ya en Educación, los 8,500.00
pesos para suspendidos o cancelados es completamente insuficiente. Pero ni
siquiera esos 8,500.00 están seguros, pues el Presidente ha dicho “hasta 8,500 pesos”. En otra medida se
ha dispuesto reducir un 30% del salario para que las empresas no hagan
despidos, y del 70% el gobierno dará una parte y las empresas otra. Nuevamente,
el asalariado pierde.
Es evidente que el
gobierno debe tomar esto más en serio, reordenar el presupuesto y avanzar la
aprobación del presupuesto complementario; duplicar por lo menos el fondo para
subsidios y gastos médicos, llevándolo a tres meses; mientras que desde los
sindicatos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, se deben crear
veedurías y comités de emergencia ciudadanos para dar seguimiento al gasto
público y defender los intereses de los asalariados y populares en medio de
esta crisis.
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