Por JUAN T H
La Junta Central
Electoral ha iniciado una campaña en contra de la compra de votos, una práctica
muy enraizada en los procesos electorales desde hace ya muchos años, ¡Bien!
La compra de
votos es tan solo una de las múltiples y variadas maneras de fraudes
electorales que se producen en nuestro país ante la mirada de todos, sin que
nadie, absolutamente nadie, haya pagado las consecuencias. Ya lo decía uno de
estos días el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez: “Nunca
en la historia de las elecciones se ha castigado el delito electoral”. ¡Nunca!
Los que compran
cédulas suelen estar protegidos por las autoridades militares, policiales y
políticas. Es una práctica “deleznable”, dijo con sobrada razón el presidente
de la JCE, Julio César Castaños Guzmán. La iglesia católica también criticó
acremente los fraudes: El pica Pollo, los 500 pesos, la cerveza, el pote de
ron, el robo de urnas, el dislocamiento de los votantes, los mercados alrededor
de los centros de votaciones para comprar la voluntad de la gente,la violencia
para infundirle miedo a los electores, las amenazas a los empleados públicos y
a los beneficiarios de las políticas existencialistas y patriarcales del
gobierno: tarjeta solidaridad, bono gas, bono luz, etc.
Todas esas
formas de fraudes las realiza principalmente el partido de gobierno, aunque en
algunas ocasiones los de oposición
también han comprado cédulas y han cometido delitos electorales.
No me hago
ilusiones creyendo que esas acciones “deleznables”, bochornosas y vergonzosas
terminarán porque la JCE ha iniciado una campaña en su contra. No, no es así. La
JCE ha demostrado inconsistencia, falta de carácter y mucho temor.
Estoy convencido
que el PLD intentará ganar las elecciones utilizado los recursos del Estado
sabiendo que no hay un árbitro poderoso, con estructuras que lo impidan. De
hecho el gobierno actúa como si la JCE no existiera. El gasto de los candidatos
municipales, congresuales y a la presidencia, desborda todos los parámetros. No
hay equidad ni proporcionalidad en el uso de recursos ni en los medios de
comunicación.
Los candidatos
oficialistas han violado la ley sobrepasando ampliamente los límites de campaña
sin que nadie se lo impida. Cuando un candidato del PLD gasta un millón, el de
la oposición no llega a cien mil. Cuando el aspirante del PLD coloca 500 cuñas
publicitarias, el de la oposición no coloca ninguna o apenas 50. Las
instituciones públicas sustituyen sus cuñas por las de los candidatos
oficialistas. Esa es una práctica vieja
que ningún organismo electoral ha querido detener a pesar de ser un acto de
corrupción.
El Partido
Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y demás organizaciones políticas
tienen que prepararse para evitar las prácticas fraudulentas del gobierno, no
pueden dejarle esa tarea a la JCE, a la iglesia católica ni a los medios de
comunicación, que en la mayoría de los casos actúan en complicidad.
Los fiscales
electorales no han sido escogidos. Y
mejor que sea así.La policía electoral forma una especie de círculo de estudio
y de represión del PLD. ¿Quién designa al Fiscal Electoral? Un político: El
presidente de la República. ¿Quién designa al jefe de la policía electoral? El
mismo político. El presidente de la República que es un ente activo en el
proceso.
Ni el fiscal, ni
la policía electoral, actuarán con independencia. Responden a las directrices
del jefe del Estado que asegura ganará las elecciones. Todo el aparato
electoral está en manos del presidente Danilo Medina que lleva como candidato a
un títere.
Conociendo todos
esos elementos es que Estados Unidos dice a través de su embajada, que desea
unas elecciones “libres y transparentes”. La compra de cédulas, el robo de
urnas, el pica pollo y los 500 pesos solo puede impedirlos la presión
internacional y la lucha de la oposición para defender la voluntad popular en
los recintos electorales, antes, durante
y después de las elecciones.
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