Letitia James anuncia arrestos de dueña y gerentes de farmacia en NYC por robar millones de dólares al Medicaid



Dueña y gerentes de farmacia en NYC enfrentan hasta 25 años en prisión por defraudar al Medicaid en un esquema de contragolpe y desvío de medicamentos
  
NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James anunció hoy el arresto de la propietaria de una farmacia en la Ciudad de Nueva York y de tres de sus gerentes, por participar en un multimillonario esquema de fraude al Medicaid, incluyendo sobornos y la distribución de medicamentos contra el VIH.

La dueña de la farmacia, Irina Pichkhadze (Pichkhadze), 34 años de edad y residente de Queens; tres de los gerentes de su establecimiento, Raymond Dieffenbacher (Dieffenbacher), 46, de Queens; Yana Dubrinskaya (Dubrinskaya), 31, de Brooklyn; y Tarlan (aka Boris) Pinkhasov (Pinkhasov), 40, de Queens; su farmacia, Erri, Inc. d/b/a First Choice Pharmacy (First Choice Pharmacy); y dos compañías adicionales, Express Audit Prevention Corp. (Auditoría Express) y OTC Distributors, Inc. (OTC), fueron acusados de cometer delitos incluyendo defraudar más de $10 millones al Medicaid, en un plan de soborno y desvío de medicamentos a través de la farmacia First Choice, ubicada en el sector de Harlem, en Manhattan.

“Es perturbador y profundamente perjudicial para nuestra sociedad cuando los profesionales de la salud explotan a nuestros pacientes más vulnerables para robar millones de dólares reservados para proveer a los neoyorquinos atención y cuidados médicos esenciales", dijo la Fiscal General Letitia James. “Confiamos en que los proveedores médicos nos servirán con honestidad y cuidado, y estas personas se aprovecharon tanto de esa confianza como de nuestro estado. Mi oficina seguirá responsabilizando a aquellos que dejan a un lado su responsabilidad profesional con sus pacientes y optan por usarla para recargar sus bolsillos con fondos públicos".

Los cuatro individuos detenidos y el establecimiento First Choice Pharmacy, fueron instruidos de cargos hoy en el Tribunal Supremo—incluyendo dos cargos, por los crímenes de Hurto Mayor en Primer Grado; dos cargos por Fraude a Cuidados de Salud en el Primer Grado; y de participar en un Esquema para cometer Fraudes, en Primer Grado. Contra Pichkhadze, Dieffenbacher y Dubrinskaya; y contra las empresas Express Audit y OTC, se presentaron cargos por lavado de dinero en primer y segundo grado luego de que, supuestamente, realizaran intencionalmente transacciones financieras con las que buscaban ocultar la fuente del dinero que obtenían en el robo y fraude a cuidados médicos, anteriormente mencionados. Por último, Pichkhadze fue acusado de dos cargos de posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado, al poseer presuntamente dos documentos falsos del Departamento de Estado utilizados para abrir cuentas bancarias vinculado a los cargos por lavado de dinero. Pichkhadze, Dieffenbacher, y Pinkhasov comparecieron ante el Juez Gregory Carro, donde fueron formalmente acusados de estos delitos; mientras que Dubrinskaya se presentó ante la Jueza Melissa Jackson. Los cuatro deberá comparecer en corte, nuevamente, el próximo 1ro de agosto.

Los crímenes de Gran Robo en Primer Grado Fraude al Sistema de Salud en Primer Grado, y Lavado de Dinero en Primer Grado son Delitos Graves de clase ‘B’, que conllevan a una condena máxima de 25 años en una prisión estatal. El delito de Lavado de Dinero en Segundo Grado, Posesion Criminal de un Instrumento Falso en Segundo Grado, y Esquema para Defraudar en Primer Grado, son delitos mayores clase ‘C’, ‘D’, y ‘E’, respectivamente y son castigables con una sentencia máxima de 15, 7, y 4 años en prisión.

Hoy, en corte, los fiscales de la Unidad de Control de Fraudes al Medicaid (MFCU), de la Oficina de la Fiscal General, describieron un esquema en el que los acusados, actuando según lo acordado entre ellos, presuntamente pagaron u ordenaron a sus empleados pagar sobornos en efectivo a los beneficiarios del Medicaid a cambio del acuerdo de cada paciente para llenar sus recetas de VIH en la farmacia First Choice, de Pichkhadze, ubicada en el 245 East 124th Street en Manhattan. First Choice Pharmacy, por su parte, cobró y eventualmente recibió cientos de miles de dólares del Medicaid por las recargas que la farmacia no daba a los pacientes, un esquema conocido como "auto-recarga", y por el plan ilegal de sobornos basado en el pago o recibimiento ilícito de remuneraciones.

Las leyes estatales prohíben estrictamente que todos los proveedores médicos, incluyendo las farmacias, paguen u ofrezcan pagar sobornos en efectivo a cualquier persona a cambio de la remisión de los servicios médicos pagados en última instancia por el Medicaid.  

Los Fiscales alegan que, según sus investigaciones, entre el 1ro de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, la farmacia First Choice de Pichkhadze no compró suficientes cantidades de medicamentos de las farmacéuticas mayoristas con licencias, en el Estado de Nueva York, para justificar las cantidades de medicinas que afirmaba haber dispensado a sus pacientes, a través de sus registros de facturación. Más bien, basándose en miles de reclamos de pago falsos presentados por la Farmacia First Choice de Pichkhadze, el Medicaid y organizaciones de atención administrada (MCO) financiadas por el Medicaid pagaron a First Choice Pharmacy y a los individuos acusados más de $10.2 millones de dólares—dinero que, los fiscales alegan, estos no tenían derecho a recibir. 

Grandes sumas de esos fondos, según los fiscales, fueron canalizadas a través de cuentas de bancos, usando los nombres de Express Audit, OTC, Minnesota Independant [sic] Drugs, y Azure Drugs., entre otros, y colocados como pagos a farmacéuticas mayoristas. Las dos últimas cuentas se abrieron como nombres supuestos para First Choice Pharmacy y, en efecto, los fiscales alegan que los acusados se devolvieron el dinero a sí mismos bajo el pretexto de las compras de inventario.

Durante su investigación, la unidad MFCU ejecutó una orden de cateo en el establecimiento de First Choice Pharmacy, y recuperó cientos de botellas de medicamentos supuestamente adulterados y desviados para el VIH. Las leyes estatales requieren que las farmacias solo obtengan medicamentos de mayoristas farmacéuticos con licencias.

Junco con el caso penal, la Fiscal General presentó, también hoy, una demanda de decomiso de activos civiles y exigiendo la aplicación de la Ley Estatal de Reclamos Falsos contra los acusados Pichkhadze, Dieffenbacher, Dubrinskaya, Pinkhasov, First Choice Pharmacy, Express Audit, y OTC, así como contra tres acusados no penales: Eduard Yagudayev, Janice Dieffenbacher y Marina Pichkhadze. La acción de decomiso de activos y la acción de recuperación civil buscan recuperar más de $22 millones de dólares en daños y perjuicios de los acusados por haber defraudado al programa del Medicaid del Estado de Nueva York.

Los cargos presentados contra los detenidos, son simplemente acusaciones; y estos son considerados inocentes, hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
La Fiscal General James agradece al Dpto. de Salud del Estado de Nueva York y a la Oficina del Inspector General del Medicaid, al igual que al Dpto. de Salud y Servicios Humanos de EEUU, y a la Oficina del Inspector General (HHS-OIG) por su colaboración en estas investigaciones. La Fiscal General también agradece a las compañías de atención administrada del Medicaid, Amida Care y VNS Choice; a los gerentes de beneficios de farmacia CVS/Caremark, Express Scripts, Med Impact, y EPIC; y a los mayoristas farmacéuticos, McKesson y DML Pharmacy Corporation por su cooperación en las pesquisas.

Los neoyorquinos pueden reportar cualquier sospecha de fraude, a la Oficina de la Fiscal General, llamando gratuitamente a la línea directa de la Unidad contra Fraudes al Medicaid, al 1-800-771-7755; o visitando la página de internet, ag.ny.gov/medicaid-fraud/contact

La investigación del MFCU fue realizada por el Investigador Thomas Dowd; con la ayuda del Investigador Supervisor, Dominick DiGennaro; y del Investigador Jefe Adjunto, Kenneth Morgan. La investigación de la auditoría fue realizada por la Investigadora Auditora, Lisandra Defex; con la asistencia de la Investigadora Principal de Auditorias, Olga Sunitsky; y el Auditor Jefe Adjunto Regional de la Ciudad de Nueva York, Jonathan Romano; y la Auditora Jefa Regional de NYC, Thomasina Smith.

El caso criminal es procesado por el Sub-Fiscal Gral. Especial, George Bronner y Edward Ferrity, con la asistencia del Dir. Regional, Christopher M. Shaw. Los Asistentes Legales Confidenciales Kelvin Caraballo y Chrisalys DeJesús proporcionaron apoyo investigativo, en estos casos. La acción civil fue manejada por la Sub-Fiscal General Especial, Hillary Gray Chapman, y Kathryn Heim Harris con la asistencia de la Jefa de Ejecución Civil, Alee Scott. El Fiscal General Adjunto Especial, Thomas O’Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal General Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Criminal es supervisada por Sub-Fiscal General Ejecutivo José Maldonado.



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