Por Miguel Ángel Cid Cid
Desde décadas
atrás el país se encamina por un derrotero donde cualquier “salta p’atras” impone su propia ley. O
cuando menos hace caso omiso a las reglas existentes.
Es normal ver como
un ¿ciudadano? desconoce el mandato del policía de tránsito (de la Dirección
General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESTT)), porque anda
en una “yipeta” vieja. Las “yipetas” disponen de un sistema
automático que elimina las funciones del cerebro de quien toma el volante. También
se observa la acción a la inversa, el agente de la DIGESTT abusando del
ciudadano.
Si usted conduce
un vehículo sin terciarse el cinturón de seguridad seguro le impondrán una
multa por la infracción. En cambio, los choferes de carros de concho y guaguas
voladoras se entrecruzan con los agentes de la DIGESTT y el cinturón pasa
desapercibo. Ellos son “padres de familia”,
por tanto están exentos del cumplimiento de la Ley.
Lo de Santiago
de los Caballeros es un caso muy especial. El alcalde Abel Martínez instaló una
policía municipal con más poder que la mismísima Policía Nacional. Los
uniformados municipales nunca son atacados, ellos agreden y maltratan a la
población indefensa. Peor aún, si alguien insiste en la denuncia lo
descalifican por llevar la acusación a lo personal, sino pregúntele a Esteban
Rosario.
A principio de
marzo 2019, en Santiago se derrumbó un talud en la Av. Juan Pablo Duarte,
frente al Instituto Materno-Infantil y la plaza Bella TerraMall. El desplome provocó
el colapso de la calle que conduce al Colegio Padre Fortín y faltó poquito para
llegar a la clínica.
Ni por asomo los
reportes de prensa mencionan la compañía constructora. Misma que provocó el
derrumbe que puso en peligro la vida de los estudiantes del colegio y los pacientes
hospitalizados.
Todavía más
reciente, el martes 21 de mayo 2019, otro talud se desplomó en una excavación
en la calle del Sol, frente al Gran Teatro del Cibao. En el lugar se construirá
un hotel de la cadena Marriot. Para más señas, el accidente ocurrió entre la
antigua discoteca Tempo y el Restaurante Max Delicias, en el área monumental, al
sur del Gran Teatro del Cibao.
El Grupo Deproc
es la compañía responsable de la construcción que provocó el accidente. Cinco
personas que trabajaban en la obra perdieron la vidaproducto de la catástrofe.
A su pesar, nadie ha sido citado por la justicia.
Según Diario
Libre, “El presidente del Grupo Deproc
señaló que contaban con las certificaciones de no objeción de uso de suelo de
la oficina municipal y también con la no objeción para la construcción del
Hotel AC por parte del Ministerio de Medio Ambiente”. El empresario Freddy
Fernández, presidente del Grupo DEPROC lamentó el accidente que causó la muerte
de cinco obreros el martes 21.
Los hechos
recientes traen al recuerdo el desplome del edificio que albergaría varias
salas de cine en Santiago. El fatídico accidente aconteció en la Av. Juan Pablo
Duarte, próximo al Ayuntamiento de la ciudad. El derrumbe dejo tres obreros aplastados
y uno de los responsables de la obra fue sometido a la justicia y guardó prisión
durante varios años. En consecuencia, cabe preguntar:
¿Para qué sirven
los planes estratégicos y de ordenamiento territorial? ¿Para qué las ordenanzas
y resoluciones, promovidos por una oligarquía indolente e incapaz de vigilarse
a sí misma?
¿Hasta cuándo
seguirán haciendo las cosas a voluntad de particulares, sin ajustarse a los
controles técnicos y legales?
¿Seguirán los
constructores poniendo en riesgo a los trabajadores, estudiantes, pacientes y
profesionales con el desconocimiento de la ley?
¿Dónde está el
Ministerio Público, tan eficiente en unos casos y ante estas violaciones se
declara ignorante?
Los viejos de
antes lo decían: en este país la gente anda “manga por hombro”, cada quien “vive
como chivo sin ley”. ¡Ay! Juan Bosch, parece que los violadores tienen “…un tío alcalde…”.
Es evidente que
cuando la Ley pierde su rol regulador y se aplica antojadizamente o carece de
consecuencias, falta poco para que se imponga la Ley del talión.
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