Justicia y Transparencia aseguran Talón de Aquiles de la
Justicia sigue siendo la falta de presupuesto
FJT Destaca desempeño del Ministerio Público,
definiéndolo como positivo y cargado de realizaciones
FJT propuso un mecanismo de autogestión financiera y
presupuestal, para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos
Santo Domingo, R. D.- La Fundación
Justicia y Transparencia (FJT), lamentó que tradicionalmente al poder
judicial se le haya considerado como la cenicienta, el más débil de todos los
poderes formales del Estado, esto así por su sumisión presupuestaria y exigua
independencia en todos los órdenes.
Un apretado balance sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial en
el 2018 nos llevan a calificarlo como el año de la involución judicial,
destacándose como retos y males de la justicia dominicana, la creciente
percepción de descredito y baja valoración, la falta de tribunales, jueces
rehuyendo sus responsabilidades en casos de lavado de activos y narcotráfico,
sanciones solo disciplinarias para los jueces que incurren en faltas y
prevaricación judicial, un presupuesto deficiente, la mora judicial en los
tribunales inferiores y hasta en la propia suprema corte de justicia, con
retrasos promedios de más de 10 años, afectando la seguridad jurídica, poniendo
en cuestionamiento el estado de derecho y violando el derecho fundamental del
acceso a la justicia.
Asimismo, Trajano Potentini presidente de Justicia y
Transparencia clamó por más presupuesto para el Poder Judicial, tras asegurar
que la falta de recursos sigue siendo, entre otras dificultades, el Talón de
Aquiles de la administración de justicia, en consecuencia, con la imposibilidad
material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema
judicial.
Potentini, observó que la justicia, es el poder del
estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello
de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en
curso, con la constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación
de crear y modificar varias leyes.
El jurista explicó, que es al Poder Judicial a quien le
corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de
primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone
disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la
necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más
tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y
responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que, si no se dota al Poder Judicial de
los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas
concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y
un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en
detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo, Justicia y Transparencia pidió a los jueces
aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al
tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una
justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes,
aunque no suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la
Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese
importante poder del Estado.
La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de
crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en
detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el
juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí
que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado
de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen
apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Potentini deploró y reitero como un escollo de la
administración de justicia la falta de implementación de los tribunales
contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo
164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud del
Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores
jurisdiccionales.
Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos
tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en
funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los
ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia
como uno de los principios cardinales del derecho.
FJT
propuso un mecanismo de autogestión financiera y presupuestal, para dotar al
Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos.
De acuerdo con la FJT, el mecanismo a implementar guardaría mucha similitud
con el actual modelo de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos,
cuyas dependencias gubernamentales, tienen especializado por sus respectivas
leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones, para el caso de adunas y un 2 por
ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección General de Impuestos
Internos.
En suma, estaríamos hablando de conformidad con las declaraciones de sus
incumbentes de aduanas e impuestos internos, de recaudaciones por más de 115
mil millones y casi 400 mil millones respetivamente, más de 4 mil millones para
adunas y cerca de ocho mil millones para impuestos internos, todo esto durante
el año 2018, sin mediar, ni depender del esquema ordinario de asignación de
recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las
posibilidades y prioridades del ejecutivo.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia explicó que no se
trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, más bien el
mecanismo planteado busca redistribuir los recursos gestionados por el Poder
Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria,
(Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros, en fin se
trata de una dependencia del Poder Judicial que bien serviría como parámetro
para establecer los pro cientos necesarios para garantizar la operatividad de
la justicia.
La entidad de sociedad civil manifestó su temor de que estos importantes
estamentos de administración de justicia y persecución de la delincuencia y el
crimen organizado, caigan en una eventual quiebra por la falta de recursos y la
imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas
del sistema judicial.
FJT Destaca desempeño del Ministerio Público, definiéndolo como positivo y
cargado de realizaciones
Finalmente, Justicia y Transparencia destacó la labor realizada por el
Ministerio Público, durante el año 2018, definiéndolo como positivo y cargado
de realizaciones, entre ellas, el sometimiento y condenas por casos de
corrupción, narcotráfico y lavado de activos, modernización institucional y
equipamientos del Ministerio Público, la intervención, remozamiento y
construcción de decena de centros penitenciarios, la apertura y puesta en
marcha de varios proyectos y campañas sobre derechos humanos, protección niños,
mujeres y violencia de género, la incorporación de más de 200 nuevos fiscales y
los concursos para el ascenso y evaluación del Ministerio Público, entre otros.
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