Steven Croman fue arrestado y transferido a Rikers Island donde tiene que
cumplir un año de cárcel; Croman también pagará $5 millones como parte de
acuerdo judicial
Raramente, si es que ha ocurrido alguna vez, un propietario ha sido
condenado a prisión por estas prácticas
La demanda civil del Fiscal General Schneiderman contra Croman por el acoso
a inquilinos permanece en curso
NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la
sentencia de Steven Croman, un importante propietario de Nueva York que posee
más de 140 edificios de apartamentos en Manhattan, por refinanciar
fraudulentamente préstamos y cometer fraude fiscal. Croman fue detenido hoy y
servirá un año de cárcel en la isla Rikers. Como parte de su declaración de
culpabilidad, también pagará un impuesto de $5 millones al Estado.
Una investigación de un año de duración realizada por la Fiscalía General
encontró que Croman compró edificios con unidades de alquiler estabilizado e,
inmediatamente después de la compra, comenzó el proceso de desplazamiento de
inquilinos con rentas estabilizadas al tiempo que intentaba refinanciar la
hipoteca inicial.
Rara vez, si alguna vez, un propietario ha sido condenado a cumplir tiempo
en la cárcel por participar en estas prácticas. El tiempo de la cárcel y el
acuerdo de varios millones de dólares envían un fuerte mensaje a los
propietarios de que el Fiscal General perseguirá y aplicará el máximo alcance
de la ley a cualquiera que se dedique a este tipo de prácticas.
"Steven Croman pensó que estaba por encima de la ley. Pero hoy
comienza una sentencia en la Isla Rikers por perpetrar un esquema elaborado que
tenía la intención de expulsar a los inquilinos de renta estabilizada",
dijo el Fiscal General Schneiderman. "Las medidas que el Sr. Croman
tomó para aumentar sus ganancias, mientras descaradamente ignoraba el bienestar
de sus inquilinos - son alarmantes.
Un mercado inmobiliario en auge no es excusa para actividades criminales
encaminadas a desplazar a los neoyorquinos que ya sufren con altos alquileres.
Mi oficina continuará asegurando que todos los propietarios cumplen con las
reglas - y perseguiremos a cualquiera que no lo haga en toda la extensión de la
ley".
En junio, Croman se declaró culpable de Gran Robo en el Tercer Grado (un
delito de clase D), Falsificación de Registro de Negocios en el Primer Grado y
Fraude Fiscal en el Cuarto Grado (ambos delitos de clase E). Croman obtuvo
fraudulentamente varios préstamos de refinanciamiento de varios millones de
dólares entre 2012 y 2014, y cometió fraude fiscal en 2011 al no retener el
impuesto sobre la nómina apropiado del Estado de Nueva York de ciertos cheques
de empleados de Croman Real Estate.
La referencia en la investigación criminal de Croman de la Fiscalía General
fue proporcionada por la Unidad de Protección de Inquilinos (TPU) del
Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York.
En base al acuerdo de culpabilidad y la alocución del acusado, Croman
presentó documentos falsos a los bancos, incluyendo listados de alquiler que
reflejaban falsamente rentas a la tasa de mercado para las unidades que estaban
realmente ocupadas por inquilinos con alquiler estabilizado. Croman también
infló la cantidad de alquiler cobrada por ciertos espacios comerciales en sus
edificios en un esfuerzo por mostrar mayores ingresos de alquiler. Croman
falsificó estos listados de alquiler con el fin de inflar los ingresos anuales
de alquiler de sus edificios, sobre los cuales sus términos de refinanciación
se basan parcialmente. En total, durante un período de tres años, Croman
recibió más de $45 millones en préstamos bajo estos falsos pretextos.
Croman también intencionalmente no retuvo los impuestos de nómina del
Estado de Nueva York de los pagos de bonos hechos a un ex administrador de
bienes raíces de Croman, a quien se le pagaron bonificaciones para sacar a
inquilinos de renta estabilizada y renta controlada de apartamentos de Croman.
El Fiscal General también tiene una demanda civil separada contra Croman
por presuntamente involucrarse en hostigamiento de inquilinos de alquiler
regulado y otras conductas ilegales, fraudulentas y engañosas en relación con
su negocio de bienes raíces. Ese caso sigue en curso.
A principios de este año, el Fiscal General Schneiderman formalmente
presentó una nueva legislación dirigida a hacer rendir cuentas criminalmente a
los propietarios más inescrupulosos de la ciudad que acosan a los inquilinos de
alquiler regulado. La ley estatal actual exige que los fiscales cumplan con
unos estándares inexplicablemente altos para acusar criminalmente a los
propietarios de ese crimen, razón por la cual en los últimos veinte años ningún
propietario ha sido condenado por el crimen de hostigamiento de un arrendatario
de alquiler regulado.
La legislación del Fiscal General establecería un estándar más razonable
que elimine la necesidad de probar lesiones físicas a un inquilino, y abre la
puerta al acoso de un arrendatario regulado por las acciones que surgen de
tácticas más comunes e insidiosas, como apagar la calefacción y el agua
caliente, o exponer a los niños pequeños al polvo del plomo, y hacer los
edificios de alquiler estabilizado deliberadamente inhabitables para los
inquilinos actuales y sus familias.
El Fiscal General ha tomado una serie de otras medidas para combatir el
hostigamiento de los inquilinos y las prácticas ilegales de los propietarios en
toda la ciudad de Nueva York, incluyendo:
Lanzar un nuevo equipo para mejorar y racionalizar los recursos de la
oficina para combatir el acoso de los inquilinos, las prácticas de préstamo
engañosas, el robo de títulos, el fraude bancario y otros problemas de vivienda
que enfrentan los constituyentes.
Presentar cargos adicionales de felonía contra un propietario por cometer
fraude hipotecario.
Formó la Fuerza de Tarea de Prevención de Acoso de Inquilinos con
funcionarios de la ciudad y del estado.
El procesamiento de este caso fue manejado por el Jefe de la Oficina de
Ejecución de Bienes Raíces, Travis Hill, y el ex Asesor Especial de la División
Criminal John Spagna, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de Integridad
Pública Daniel Cort y la Subjefe Stacy Aronowitz. El Fiscal Ejecutivo Adjunto
Jason Brown dirige la División de Justicia Criminal. La investigación del
Procurador General fue realizada por los investigadores Luis Carter, Angel
Laporte, Brian Metz, Edward Ortiz, Anna Ospanova y Elsa Rojas bajo la
supervisión del investigador Jefe Adjunto John McManus y el Investigador Jefe
Dominick Zarrella. La ex analista de apoyo legal Mollie Krent también ayudó en
la investigación.
El personal de TPU que trabajó en este caso incluye a los abogados
superiores de TPU, Jordan Fried y Karis Rasmussen, al Director Legal de TPU,
Vernitta N. Chambers, al Director de Análisis Forense Harvey Akerman, al Jefe
de la Oficina, Gregory C. Menor, y al Subcomisionado Richard R. White.
La Fiscalía General agradece a nuestros aliados del Departamento de
Edificios, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda y el
Departamento de Impuestos y Finanzas por su asistencia en la investigación y
procesamiento de este caso.
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