Presidente Fedomu: debe detenerse la tendencia a atribuir responsabilidades a los ayuntamientos sin los recursos correspondientes

“Queremos una alianza en condiciones horizontales con el Poder Ejecutivo y Legislativo para alcanzar un acuerdo que dote de recursos efectivos a los ayuntamientos”

SANTO DOMINGO, R. D.- Al valorar el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, aprobado por el Congreso, el alcalde de Azua y presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Rafael Hidalgo, afirmó que esta es una “pieza legislativa fundamental que viene a organizar y ordenar el conjunto de instituciones involucradas en la gestión del sector, cuya dispersión y duplicidad afectaba la planificación, operación y la calidad de los servicios así como su modernización”.

“Como representante de los gobiernos locales, máxima autoridad en cada uno de nuestros municipios, acogemos positivamente las iniciativas adoptadas tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo para que a través de esta ley y el Plan Nacional de Seguridad Vial, nuestro país cuente con una política de Estado integral sobre el tránsito, transporte, movilidad y seguridad ciudadana”, destacó Hidalgo.

“Entendemos que ambas iniciativas van a contribuir a que desde los ayuntamientos  ejerzamos mejor nuestra competencia propia y exclusiva en materia de ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales así como ordenar y reglamentar el transporte público urbano, tal como dispone la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios”, valoró el alcalde.

Nos obstante, el presidente de Fedomu apuntó que si bien los legisladores han tenido en cuenta el rol principal de los gobiernos locales a la hora de gestionar el tránsito, el transporte, la movilidad y la seguridad vial en los municipios, definiendo el conjunto de atribuciones y responsabilidades que deberán ejecutar en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), “perjudicaron las finanzas municipales para dar adecuado cumplimiento a estas funciones al no disponer asignaciones presupuestarias específicas para ello y eliminar el porcentaje de participación de los ayuntamientos en la distribución de los ingresos por la recaudación de multas”.

Rafael Hidalgo recordó que la participación de los ayuntamientos en el Presupuesto del Estado ha ido en clara disminución en los últimos años hasta situarse por debajo del 3%, lejos del 10% que establece la Ley 166-03, por lo que hizo un llamado al “Poder Ejecutivo y al Legislativo para detener la tendencia a consignar atribuciones a los ayuntamientos sin prever los correspondientes recursos para su cumplimento”.

Es por ello que “queremos trabajar desde ya en una alianza horizontal que genere un acuerdo que permita revisar y adoptar soluciones reales para que desde los gobiernos locales contemos con los recursos necesarios y ajustados, para cumplir con todas las responsabilidades y competencias asignadas en el marco legal, puesto que sin municipios con capacidad efectiva el país no va a logar una verdadera gobernanza en los territorios en detrimento de la eficacia de las políticas públicas destinadas a atender las demandas ciudadanas”, concluyó.