SANTO DOMINGO, R. D.- El Director
Ejecutivo de Fundapyme y ex delegado político ante la JCE, Lic. Jaime Fernández
Lazala, afirma que desde el año 1962 los partidos políticos que han
ascendido al poder, léase PRSC, PRD, Y PLD en sus ejercicios de gobierno han contribuidos
a incrementar, la compra del voto, la duplicidad de votación, y la
anulación del voto domiciliario que conlleva el traslado de votantes, lo
que refleja que la dirigencia política ha sido mezquina e incapaz, porque
se ha regido por las mismas estructuras dictatoriales de conculcar los
derechos del dictador Trujillo Molina, coincidiendo con él, para
mantener sometido al País a un mayúsculo descrédito internacional.
“En verdad,
ni los jueces del Tribunal Superior Electoral ni los miembros titulares de la Junta
Central Electoral (JCE) son culpables únicamente del deterioro moral en materia
de corrupción electoral que embarga la República Dominicana, por
cuanto el gran fardo del deterioro debe acreditársele a los dirigentes
políticos de los partidos mayoritarios que no han hecho las
transformaciones que requiere el sistema democrático moderno.
Coincido con el
pensamiento de Euclides Gutiérrez Féliz, funcionario y dirigente del PLD, que
se pronunció en el sentido de que la iniciativa del Proyecto de la Ley de
Partidos es un disparate por cuanto se traduce en un enunciado de
conceptos jurídicos que "no se basta a sí mismo y no es claro ni preciso,
además de que acusa carencia de elementos esenciales en su estructura, que
lo convierten, en caso de que se apruebe, en una ley muerta y con muy poca
incidencia jurídica.
El proyecto
de ley que cursa en el Senado, "carece de procedimientos en su
ejecución y se deja a la interpretación o a la reglamentación
caprichosa de la Junta Central Electoral, además no se prevé
la competencia de los tribunales, en la violación de los fraudes, delitos
electorales y violaciones en las que incurran las altas dirigencias
de los partidos.
En el
proyecto de Ley de Partidos "no se determina la calidad para
demandar y el régimen de prescripción de la acción se queda en el limbo
jurídico, el de sanciones es nulo y las pocas que existen son muy ambigua y
benignas”. La pieza tiene "muchas deficiencias en la formación de los
partidos y agrupaciones políticas, normas y estatutos así como derechos y
deberes de los miembros; educación política, y campañas, patrimonio y
financiamiento de los partidos, entre otros aspectos".
Fernández
Lazala confiesa que para las próximas elecciones de no corregirse
el sistema electoral vigente, “tendremos un país envuelto en una gran crisis
que habrá de llevarse los actuales dirigentes políticos que no han
trabajado en beneficio de darle al país una salida democrática conforme a las
exigencias del pueblo dominicano.
Por ejemplo, como
acudir a un proceso electoral que permite pactos de alianzas, altamente
viciados y en contra del régimen parlamentario interno de los Partidos.
Al final, la Junta Central Electoral aprueba todos los pactos, y la
presentación de candidatos, bajo el argumento del tiempo y bajo la presión de
las autoridades que presentan documentos reprobables y que evidencian vicios
que generan delitos e infracciones electorales, sin que la JCE
pueda tener independencia de criterio, por estar constituida por militantes
políticos del gobierno de turno. La Junta entre la espada y la pared, en
definitiva, justifica todas las irregularidades del proceso.
Un proceso
viciado de arriba abajo, matizado por la compra del voto, una campaña alienante,
una boleta electoral mal diseñada y confusa, con unos recuadros que incitan a
la nulidad y la observación del voto y con un alto costo de abstención e
incredulidad alarmante, que merma el sistema político dominicano.
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