SANTO DOMINGO, R. D.- El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara y el
doctor Domingo Rojas solicitaron formalmente por ante el juzgado de la
instrucción, objetar la decisión de la Procuraduría General (PGR) de archivar
definitivamente la investigación concerniente a la acusación de soborno contra
el señor Andrés “Andy” Dauhajre Nader, por operaciones, actos de
parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos
provenientes de la empresa constructora ODEBRECHT porque bajo la
condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE) jugó un papel sospechoso durante el proceso
Para el abogado y profesor universitario y representantes de la
Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc se torna sospechoso y señal
inequívoca de complicidad que el día 26 de diciembre del año recién finalizado
la PGR notificara un “archivo definitivo” del proceso de investigación
pretendiendo que el poder político sirva de cobertura de todo un escándalo de
corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$
750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle
Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista
y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.
Señalaron que han sido los mismos delatores de todo el proceso de ODEBRECHT
los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del
Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de
conseguir contratos, y en el caso de Punta Catalina, es necesario recordar la
cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existió
la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra, lo que
resulta contraproducente con los “resultados”, la aparición de un contratado
que no logra el objetívo pero es remunerado con sumas millonarias y que ahora
el ministerio público encargado de perseguir la corrupción evada y/o se torne
cómplice respecto de montos que alcanzan a US$ 9,514,430.00, sin ningún tipo de
responsabilidad al receptor de esos fondos.
Gómez Mazara y Domingo Rojas advirtieron que colocar el archivo en un fecha
como la última semana de diciembre revela la intención mañosa fundamentada en
el plazo de cinco (5) días hábiles para atacar la decisión, como lo hicimos,
vía un recurso de objeción que deberá conocerlo un juez de la instrucción
porque son muchos los rastros que sirven de materia prima
para la actuación responsable de todo magistrado con verdadero compromiso e
integridad debido a que las maniobras detectadas entre Andrés Dauhajre y
ODEBRECHT en el caso de Punta Catalina caben perfectamente en el ámbito
del Código Penal cuando aborda el Soborno o Cohecho desde el artículo 177 hasta
183 y la ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilitan a toda
persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en conocimiento de las
autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio
Público el llamado a perseguir las infracciones por lo que estableció que el
archivo definitivo es un acto de protección vulgar y complicidad del poder
político deseoso de amparar al economista Dauhajre, a lo que ningún juez de la
instrucción se prestará.
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