Por Claudio Caamaño Vélez
“Siendo el derecho al voto un
derecho fundamental, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, resulta inconcebible que sectores de nuestra población sean privados
del mismo, dándoles una condición infrahumana. En este sentido nos
comprometemos a promover y apoyar la anulación del impedimento al derecho al
voto de policías y militares. Somos uno de los cuatro países de América donde
aún se comete esa violación.
¿Cómo pretender que nuestras Fuerzas Armadas y
Policía Nacional van a proteger una democracia de la cual no son parte, una
democracia que les excluye y les margina? Debemos dejar atrás aquella época en
que policías y militares eran cuerpos de represión al servicio de tiranías y
gobiernos arbitrarios, y abrir la puerta a una era donde nuestros cuerpos
armados sean los defensores del orden, de la paz, y de los derechos fundamentales
de nuestro pueblo”.
Este es un extracto del documento de presentación de nuestra candidatura a
diputado, y encierra otro de nuestros irrenunciables compromisos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo
21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
De su lado, el artículo 25 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos establece que “todos los
ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) Votar
y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores.
Así mismo el referido pacto, plantea en su artículo 2, que “cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos
(…) los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
Este pacto fue debidamente ratificado por el Estado Dominicano el 4 de
enero de 1978, siendo vinculante para la República Dominicana, de cumplimiento
obligatorio.
Estamos ante una grave violación a los derechos humanos de policías y
militares, y un claro incumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos.
La Constitución Dominicana ha sido modificada cuatro veces después de la
entrada en vigor de ese pacto, y en ninguna de esas los políticos tuvieron la
decencia de eliminar esa aberración.
Los jueces votan, los fiscales votan, los miembros de Junta Central
Electoral votan, entonces… ¿Por qué no votan policías y militares? Al parecer
es más fácil negarles ese derecho y seguirles pisoteando, que reconocerles ese
derecho y mejorarles sus condiciones.
Pero eso debe cambiar ya.
Me comprometo con eso.
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