Por JUAN T H
Art.
359 del Código Penal: “El que ocultare o encubriera el cadáver de una persona
asesinada o muerta a consecuencia de golpes o heridas, será castigada con
prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos
pesos, sin perjuicio de penas más graves si resultare cómplice del delito”
La muerte
inesperada, cruel, salvaje de una adolescente y de la criatura que llevaba en
su vientre duele. Y duele desde lo más profundo del alma que se desgarra solo
de suponer el sufrimiento padecido.
Estremece la
conciencia social, es cierto, pero no debe ser tomado una bandera para obtener
beneficios políticos de quienes tienen la responsabilidad de evitar
acontecimientos de esa naturaleza poniendo en práctica políticas públicas que
eliminen la marginalidad y garanticen
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes,
como educación, salud, vivienda, empleo y protección. (Y no hacen nada)
El Procurador
General de la República convoca una conferencia de prensa para anunciar que
apelará la sentencia. También se montó en la ola. Eso pudo decirle el fiscal de
San Francisco de Macorís. (Es lo usual) Si el ministerio público recurre, los
abogados de los imputados, también.
En este país hay
miles de jóvenes como Emely, sumergidas en la pobreza y la ignorancia, que,
como insólitamente dijera el presidente de la República, buscan maridos para
salir de la pobreza en que su gobierno las mantiene.
Somos el primer
país de la región con embarazos de adolescentes. Estamos en los primeros
lugares por muertes materno/infantil. Miles de niños y niñas mueren en los
hospitales todos los días antes de cumplir los cinco años de edad sin que las
autoridades y los medios de comunicación se enfurezcan; sin que los partidos,
incluyendo la izquierda digan o hagan algo.
Se trata, por
supuesto, de hijos e hijas de nadie, sin recursos económicos, sin prensa, sin
redes sociales, sin bocinas, sin abogados caros. Forman parte de Los desechos humanos
de una de las sociedades menos
equitativas del continente.
La
vicepresidente de la República, montada en la creciente ola del populismo y la
demagogia politiquera, protesta por la
sentencia de los jueces que ella, junto a quienes dirigen el país, han
escogido, pero no dice nada ante un
ministerio público incapaz y una policía que dispara primero y averigua; y nunca
se ha referido al sistema judicial, politizado y corrompido por su partido.
El Colegio de
Abogados, un “intermedio del PLD”, donde
se supone que están los jurisconsultos, los que han estudiado y leído el
código, haciéndose el gracioso protesta; hasta organizaciones de izquierda se
lanzan a las calles a protestar contra una sentencia que consideran benigna,
pero no lo hicieron el día que
archivaron el expediente de Félix Bautista y Díaz Rúa, entre otros. Y no han
quemado una goma por el “mareo” judicial del caso Odebrecht. (Este es el único
país donde no hay un preso por ese expediente)
Los medios de
comunicación y las redes sociales arden de rabia por los cinco años de condena a
Marlín y no los 20 que la ignorancia y los prejuicios habían dictado. Contra
esa señora, a quien no conozco, ni quiero conocer, se violó el debido proceso, se le condenó
ignorando que todo imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo
contrario.
El tribunal,
presionado por la prensa amarilla que deseaba teñir de rojo sus páginas, se
llenó de miedo. El juez que leyó la sentencia utilizó calificativos
inapropiados para un magistrado, que
reflejaron prejuicio, parcialidad y populismo judicial, hablando como si
estuviera en una manifestación política ante las masas enardecidas, no en un
tribunal.
Morbo de carne
sin ojo y sin cerebro, como en un circo, pedía que Marlín fuera condenada a
morir lapidariamente, en la hoguera, la guillotina o ahorcada, no importa lo
que dijera la ley. El “palé” 30-20 se peló. Y la turba salió indignada. El
30-20, en buen derecho, no era posible. Era injusto. El Código no lo establece. La ley es la ley; no puede
ser buena en unos casos y mala en otros. El populismo jurídico y virtual no
dicta sentencia.
Los jueces
tienen que emitir sus condenas en función de lo que puede ser probado. Por eso
el expediente de la policía y el Ministerio Público tiene que ser sólido, tiene
que estar bien instrumentado. El juez es un lacayo de la ley. No puede hacer
más ni menos que lo que ella dispone, nos guste o no. (Si el código que reposa
desde hace años en el Congreso no ha sido conocido y aprobado, con las tres
causales del aborto, incluidas, es culpa del partido de gobierno de Medina. ¡Y
de nadie más!)
Es horrendo
crimen cometido contra Emily y la criatura que llevaba en su vientre, pero también
es horrible intentar sacarle provecho político en medio del llanto y el dolor
de los padres y demás familiares de la adolescente.
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