SANTO DOMINGO, R. D.- Al conmemorarse este 24 de abril el Día Nacional
de los Ayuntamientos, las entidades y representantes del municipalismo
dominicano realizaron un llamado a los poderes del Estado, tanto Ejecutivo como
Legislativo, para profundizar el diálogo con las autoridades municipales y
avanzar en las reformas que requieren los gobiernos locales con el objetivo de
adquirir mayores capacidades efectivas y reales para atender sus
responsabilidades y promover el desarrollo de los territorios en articulación y
beneficio del desarrollo nacional.
En un documento, firmado por la Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de
Distros Municipales (FEDODIM), la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana
(UNMUNDO, la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE) y la Asociación
Dominicana de Vocales (ADOVA), destacaron las necesidades de la municipalidad,
así como las propuestas prioritarias para promover un marco legal renovado que dé
solución definitiva a las distintas problemáticas que
enfrentan los gobiernos locales para promover el desarrollo de sus comunidades.
Las entidades del municipalismo dominicano señalaron como prioritario la
aprobación de tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de la Administración
Local, la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial y Uso de Suelo.
Entre los aspectos que deben ser regulados por este nuevo marco legal se
encuentran: la definición de un marco de competencia, ajustado a la realidad de
cada municipalidad; la readecuación de los topes a la inversión municipal en
consonancia con las necesidades de cada municipalidad; la renovación del
acuerdo sobre un sistema de financiamiento justo y real que ponga fin al
incumplimiento del actual porcentaje de transferencias del 10% establecido en
la Ley 166-03; se promueva un avance hacia la disposición de ingresos propios
que permitan una mayor autogestión y sostenibilidad financiera de las
administraciones locales; se fortalezca la transparencia y el régimen de
consecuencias ante el incumplimiento de la ley y el inadecuado manejo de los
fondos públicos; se fortalezca la participación ciudadana en la toma de
decisiones de la gestión municipal; se cree
un sistema nacional de gestión de los residuos sólidos con responsabilidad
compartida de los gobiernos locales, gobierno central y sector privado y
ciudadanía; se refuerce la seguridad jurídica sobre el uso y gestión del suelo,
estableciendo los instrumentos que fomenten su ordenamiento desde un enfoque de
sostenibilidad social y medioambiental.
Junto a estas leyes, las entidades municipalistas también afirmaron
sobre los efectos negativos en las capacidades de los gobiernos locales que
tienen las distintas iniciativas que han venido desarrollándose en detrimento
de la autonomía municipal por lo que también llamaron a los poderes del Estado
a garantizar dicha autonomía, evitando las acciones que supongan un retroceso
en el marco de derechos y potestades municipales, tales como la eliminación del
derecho a recaudar una tasa del 3% de la facturación de las empresas
distribuidoras de la energía eléctrica tal y como dispone el artículo 284 de la
Ley 176-07.
En la actualidad, destaca el documento presentado, junto a la falta de
cumplimiento del porcentaje de ingresos que los gobiernos locales deben recibir
en concepto de transferencias del Estado según la Ley 166-03 y que hoy se
sitúan en menos de un 3% de los ingresos ordinarios del Presupuesto general del
Estado frente al 10% establecido por ley, se han ido uniendo y concatenando un
conjunto de iniciativas que limitan, una tras otras, las débiles fuentes
alternativas al imperante estancamiento y reducción porcentual de las
transferencias (desde el 6,6% asignado en 2009 al 3% actual, menor al
porcentaje vigente en 1997).
Por su parte, y ante la urgencia de dar solución a todos los aspectos
señalados, los directivos de las entidades firmantes reafirmaron su compromiso
para impulsar y dar apoyo al estudio y generación de los consensos que nos
permitan contar con las reformas necesarias, en coordinación con el Poder
Ejecutivo y Legislativo, así como promoviendo el involucramiento de las
organizaciones de la sociedad civil.
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