La impunidad

Por Guillermo Moreno

Con Odebrecht se produjo, al más alto nivel del Estado, una alianza con esta empresa extranjera para desarrollar un esquema de corrupción trasnacional.

Durante años padecimos la corrupción de los gobiernos reformistas y perredeístas que, comparada con la de los peledeistas, parece juego de niños.

Los gobiernos del PLD hicieron estructural la corrupción en el país. No hay una sola actividad económica en el Estado donde, directa o indirectamente, algún funcionario peledeista no reciba beneficios ilícitos, incluyendo los casos de pago de altos peajes por cuenta de protección para actividades del narcotráfico y lavado de activos. Sin dudas es el proceso de acumulación más intenso hecho por una fracción política gobernante, en la historia del país.

Con Odebrecht el PLD llevo la corrupción a un nuevo estadio. Se produjo, al más alto nivel del Estado, una alianza con esta empresa extranjera para desarrollar un esquema de corrupción trasnacional.

En un país sin institucionalidad como la RD, quien coopta a su favor al primer mandatario de la nación, en los hechos se apodera del Estado. Y es que en los hechos, el Presidente de la República tradicionalmente actúa por encima de la legalidad. Es él quien realmente decide las asignaciones de las obras públicas, controla al Congreso Nacional, para que le apruebe el Presupuesto, préstamos y contratos, muchas veces sin leerlos. Y qué decir del poder judicial y del Ministerio Público garante de la impunidad y controlados también por el Ejecutivo.

Odebrecht inicio sus operaciones en el país en el gobierno de Hipólito Mejía con dos obras de infraestructura por un monto total de US$480 millones, una con INAPA y la otra en la CEDEE, dirigidas entonces por Roberto Rodríguez Hernández y César Sánchez, respectivamente. En los gobiernos de Leonel Fernández, entre el 2006 y el 2012 se concertaron, 9 obras de infraestructura con Odebrecht por un monto ascendente a US$1,541.3, en siete de las cuales intervino Víctor Díaz Rúa, Ministro de Obras Públicas y en dos de ellas Radhamés Segura y el Ing. Mariano Germán, por la CDEE e INAPA.

Con Danilo Medina, la relación de Odebrecht se inició desde que éste era candidato a la presidencia. Odebrecht, para asegurarle el triunfo y la continuidad del PLD en el Estado, le aportó como asesor a Joao Santana, especialista en la “perversión” de procesos electorales y con basta experiencias en AL. En publicaciones hechas en Brasil, ha salido a relucir que Odebrecht hizo aportes directos para financiar la campaña de Danilo Medina a la presidencia e incluso se identifica que el dinero se depositó en la cuenta “hellbil Finanzas”, utilizada por la empresa para esos fines. Se atribuye también a Odebrecht el pago de legisladores para modificar la Constitución de la República e introducir la reelección a favor de Danilo Medina.

Por tanto no es casual que en los gobiernos de Danilo Medina, en 4 años, se han concertado obras de infraestructura por un monto de US$2,274.00. En todas intervino el actual Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a excepción de uno concertado con la CDEE, representada por Rubén Bichara.

Sin lugar a dudas, de todos los contratos con Odebrecht en los gobiernos de Danilo Medina, la “joya de la corona” es el de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. La propuesta de Odebrecht no solo superaba en más de mil millones de dólares el monto de la propuesta presentada por la empresa china Gezhouba-IMPE sino que esta última tiene experiencia en la construcción de este tipo de planta termoeléctrica, lo que no tenía Odebrecht. La irregularidad de la asignación resultó tan evidente que dos miembros del Comité de Licitación no firmaran el documento de precalificación. Estos fueron, el Ing. Ramón Antonio Flores y el economista Isidoro Santana, actual Ministro de Economía y Hacienda. A los otros miembros del Comité se les vincula al gobierno de Danilo Medina.

Funcionarios de la empresa han admitido ante la justicia norteamericana haber entregado sobornos a funcionarios dominicanos, entre 2001 y 2014, por el monto de US$92 millones y obtenido ganancias ascendentes a los US$163 millones.

El panorama descrito revela que el Estado Dominicano ha estado intervenido y puesto al servicio de las prácticas corruptas de esta empresa trasnacional y de los intereses de gobernantes y políticos extranjeros. ¿Acaso no son estos actos de intromisión en los asuntos internos del Estado Dominicano? ¿Pueden ser legítimas las autoridades surgidas procesos electorales con la mediación de actos ilícitos como los cometidos por Odebrecht en el país?

La verdad es que nunca antes, la llamada democracia representativa había llegado a estos niveles de degradación y falsedad ni puesta al servicio de intereses tan espúreos como los que representa Odebrecht.

La investigación penal, no la de RD, sino la que se sigue en Brasil y en EE.UU están en curso. A la nación dominicana, de confirmarse todo este entramado de corrupción, soborno, sobrevaluación y manipulación de la voluntad popular, no le quedará otra alternativa que unificarse para hacer renunciar a toda autoridad ilegítima, llevar a la cárcel a los corruptos y recuperar hasta el último centavo robado.

El 2017 puede ser el año en que los dominicanos le demos de frente a la corrupción y le pongamos fin a la impunidad.