Antonia Barrone, alias Mario Vrendenburg cargó a los
consumidores miles de dólares por servicios legales no autorizados y falsificó
firmas en documentos legales
Cumplirá de 1 ½ a 3 años en la prisión estatal y pagará
casi $ 270,000 en restitución y sanciones
ALBANY - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la sentencia de
Antonia Barrone, akuas Mario Vrendenburg ("Barrone"), quien se
declaró culpable de operar una firma de abogados falsa y pretender ser un
abogado con licencia. A través de una demanda civil y una extensa investigación,
la oficina del Fiscal General descubrió que Barrone estafó a más de 400
neoyorquinos de más de $23,000 en el transcurso de casi cinco años. Hoy,
Barrone fue sentenciada ante el Juez del Tribunal del Condado de Albany, el
Honorable Peter A. Lynch, a 1 ½ a 3 años en la prisión estatal por un cargo de
Esquema para Defraudar en Primer Grado. Barrone también recibió la orden de
pagar casi $270,000 en restitución y sanciones.
En mayo de 2017, la Oficina de Protección y Contra el Fraude al Consumidor
del Fiscal General entabló una demanda en la Corte Suprema del Condado de
Albany contra NYS Prisoner Assistance Center, Inc., que opera como el NYS
Prisoner Assistance Center o NY Parole Aids ("NYSPAC") y su
propietario Barrone. La demanda acusó a Barrone de estafar a cientos de
neoyorquinos, incluidos los presos y sus familias, de miles de dólares para
manejar apelaciones de libertad condicional administrativas y otros asuntos
legales. La demanda alegaba que Barrone operaba estos negocios fraudulentos
desde su casa y engañaba a cientos de consumidores al afirmar falsamente ser un
abogado y al inducir a error a los consumidores a pensar que el Centro de
Asistencia para Prisioneros del Estado de Nueva York tenía abogados.
"Engañar a los neoyorquinos vulnerables para que paguen por servicios
legales fraudulentos es reprensible, y costo miles a cada uno y pone en peligro
sus derechos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina
no dudará en enjuiciar a quienes defraudan a los neoyorquinos practicando sin
licencia".
El Comisionado Interino del Departamento de Correcciones y Supervisión
Comunitaria Anthony J. Annucci dijo: "Felicito al Fiscal General
Schneiderman por el exitoso enjuiciamiento en este caso, así como también a los
abogados laboriosos de la Junta de Libertad Condicional por su concienzuda y
minuciosa asistencia para ayudar a llevar ante la justicia a este individuo
inescrupuloso, que de otro modo habría seguido aprovechándose de los reclusos y
sus familias durante un período particularmente vulnerable en sus vidas".
De acuerdo con los documentos presentados por la Oficina del Fiscal
General, aunque Barrone no es abogada, ella promocionó una serie de servicios
legales en el sitio web del NYSPAC y cobró miles de dólares para proporcionar
servicios legales. Los servicios incluían la presentación de apelaciones
administrativas y judiciales en nombre de reclusos a los que se les denegó la
libertad condicional por el Departamento Correccional y Supervisión Comunitaria
del Estado de Nueva York (DOCCS) y representar presos en audiencias
administrativas y personas que enfrentan cargos penales en varios tribunales
del estado de Nueva York. En algunos casos, Barrone aceptó honorarios, pero no
realizó ningún servicio.
Tras la demanda del Fiscal General Schneiderman, en agosto de 2017, el
Honorable Gerald W. Connolly de la Corte Suprema del condado de Albany ordenó a
Barrone y al Centro de Asistencia a Prisioneros del Estado pagar una multa de
$244,500 al Estado, así como la restitución total de $23,427.70 a consumidores
conocidos que pagaron servicios jurídicos. La sentencia también prohíbe que
Barrone y NYSPAC ejercer la abogacía sin una licencia, publicidad o venta de
servicios legales o paralegales.
Además de la demanda civil, el Buró de Crímenes Financieros y Delito Penal
del Fiscal General inició una investigación criminal sobre la conducta de
Barrone. El 16 de octubre de 2017, Barrone fue arrestada y procesada en la
corte de la ciudad de Albany ante la Honorable Holly A. Trexler por un delito
grave presentado por la Oficina del Fiscal General que le formuló cinco cargos
de Posesión Criminal de un Instrumento Falso en Segundo Grado, un delito clase
"D"; dos cargos de Grand Robo en tercer grado, un delito de clase
"D"; un cargo de Grand Robo en cuarto grado, un delito de clase
"E"; un cargo de Práctica no Autorizada de una Profesión, un delito
de clase "E"; y, un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado,
un delito de clase "E".
Según el expediente por delito grave del Fiscal General y las declaraciones
de los fiscales del caso, entre el 1 de septiembre de 2012 y el 30 de abril de
2017, Barrone fingió ser abogada y le robó miles de dólares a las familias de
los reclusos que la contrataron para proporcionarle representación legal a sus
eres queridos. En cumplimiento de su plan de casi cinco años, Barrone presentó
documentos legales con firmas falsificadas y sellos notariales falsos, escribió
cartas en nombre de los consumidores en papel con membrete con el nombre del
bufete de abogados ficticio "Stacchini & Barrone, Abogados", y se
apropió el nombre de un abogado con licencia, sin el conocimiento de ese
abogado.
También de acuerdo al expediente por delito grave, durante el curso de su
plan, Barrone utilizó varios nombres diferentes, incluidos Mario Vrendenberg,
Antonio Barrone, Mario Stacchini, Mario Helems, T. Helems y Mark Vredenburg. El
fiscal declaró que Barrone y las entidades que ella operaba tenían más de 400
clientes que buscaban servicios legales en todo el estado de Nueva York,
incluidos, entre otros, los condados de Albany, Cayuga, Clinton, Rensselaer,
Saratoga, Schoharie, Suffolk, Ulster, Warren y Westchester.
Hoy, Barrone se declaró culpable de un cargo de Esquema apra Defraudar en
Primer Grado ante el Juez del Tribunal del Condado de Albany, el Honorable
Peter A. Lynch. Barrone está programado para ser sentenciado a 1 ½ a 3 años en
la prisión estatal el 16 de noviembre de 2017, que se ejecutará
consecutivamente a la sentencia de Barrone de 1 1/3 a 4 años en la prisión
estatal impuesta hoy por el Honorable Andrew G. Ceresia por una la condena por
delito grave no relacionado.
El Fiscal General insta a los consumidores que tienen una queja contra
Barrone o el Prisioner Assistance Center, Inc. de NYS a que presenten una queja
en línea o llamen al 1-800-771-7755. Los consumidores pueden verificar si un
individuo es un abogado con licencia en el Estado de Nueva York visitando el sitio web del Sistema del Tribunal
Unificado del Estado de Nueva York.
Las condenas de hoy fueron el resultado de una investigación conjunta de la
Oficina del Fiscal General y el DOCCS. El Fiscal General Schneiderman agradece
a DOCCS por su valiosa asistencia en este asunto.
El caso civil fue manejado por las Fiscales Adjuntas Emily Auletta y Amy
Schallop de la Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor, bajo la
supervisión de la Jefa Adjunta de la Oficina, Laura J. Levine y la Jefa de la
Oficina, Jane M. Azia. Manisha M. Sheth es la Fiscal Ejecutiva Ejecutiva de
Justicia Económica.
El caso criminal fue procesado por el Fiscal Adjunto Philip V. Apruzzese
del Buró de Delitos Criminales y Crímenes Financieros del Fiscal General, bajo
la supervisión del Jefe de Adjunto Joseph D'Arrigo y la Jefa del Buró Stephanie
Swenton. El Buró de Delitos Criminales y Crímenes Financieros es parte de la
División de Justicia Penal bajo la dirección de los Fiscales Ejecutivos
Adjuntos Jason Brown y Alvin Bragg.
La investigación civil fue realizada por el investigador Mark Rudd. La
investigación criminal fue realizada por el investigador Mitchell Paurowski,
bajo la supervisión del jefe adjunto de la oficina, Antoine Karam. La División
de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Dominick Zarrella.
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