Por Reynaldo Peguero
Pagar impuestos es una categoría medular de la democracia. Diversos
estudios demuestran que cuando se mide la contribución al fisco, los
santiagueros se distinguen por aportar al Estado un mayor volumen de
impuestos que toda la base tributaria de cientos de ciudades y municipios de la
Nación. Más del 90% de las familias santiagueras paga su energía eléctrica y
alrededor del 85% sufraga el agua potable. Los mismos indicadores calculados en
los grandes barrios de Santo Domingo, apenas rondan el 50%. Por eso somos
tan sensibles a la injusticia que el gasto público y los impuestos se
centralicen en “La Capital”.
Cuando se valoran las empresas que pagan sus arbitrios eficientemente al
Ayuntamiento de Santiago (la mayoría) y aquellas que no sufragan o se retrasan
al hacerlo (la minoría), se refuerza la democracia local y la
gobernabilidad. Se promueve la necesidad de lograr una verdadera
descentralización fiscal que favorezca el desarrollo local. Los
ayuntamientos tienen 15 competencias propias que de acuerdo al Artículo 19 de
la ley 176-07, necesitan un sistema de ingresos que facilite cumplirlas con
eficiencia. En ciudades desarrolladas se prefiere la discriminación
positiva que reconoce las buenas empresas contribuyentes. Así las que no
aportan a “Dios lo que es Dios y al César lo que es del César”, hacen
penitencia al observar el buen ejemplo, sabiendo que llegará la hora de saldar
cuentas.
Casi al final del período del Alcalde Héctor Grullón, el primer Plan
Estratégico 2002-2010 acordó “Reformar y Promover una Gestión Municipal de
Calidad”. En ese contexto, José Raúl Fernández primer director del Consejo
para el Desarrollo Estratégico (CDES) y quien suscribe como gerente de
proyectos, visitamos el departamento de recaudo, y encontramos que los
recibos de cobro se hallaban en decenas de cajas de zapatos y cervezas en una
oscura y vieja oficina del Ayuntamiento. Ese retraso institucional
fue trabajado y automatizado en la gestión de José Enrique Sued. Desde
1996, el CDES se distingue por aconsejar al Ayuntamiento que se prepare
bien para cobrar arbitrios locales y logre invertirlos en coherencia con
el Plan Estratégico, en obras municipales de calidad.
La centralización del recaudo de impuestos y el gasto público excesivo en
el Distrito Nacional, siempre han ido de la mano. Así fue analizado en
Santiago en los años 80 del siglo XX cuando la PUCMM organizó un sustancioso
seminario al respecto. Todas las conclusiones subrayaban la incongruencia del
gran aporte que hacía Santiago al erario público, versus la gran cantidad de
trámites y permisologías que había que gestionar en Santo Domingo. Nos lastima
socialmente que en última instancia, los impuestos santiagueros terminen
invertidos en “La Capital”. Esta injusticia genera que más del 50% de los
dominicanos residan hoy en el gran Santo Domingo y su entorno.
Estas discusiones técnicas promovidas por la PUCMM, coincidieron con la
fundación en 1985 del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) en esta
misma universidad. Desde su origen CEUR es una apuesta robusta para
generar iniciativas descentralizadoras, urbanísticas y regionales.
Sin embargo, la descentralización y el desarrollo municipal como temas
de la democracia política dominicana no se incluyeron en el Programa de
Iniciativas Democráticas (PID), que por una década (1991-2001) llevó a
USAID a contribuir con 110 millones de pesos vía la PUCMM a la “alfabetización
democrática dominicana”. Paradójicamente este proyecto apenas invirtió en
Santiago menos del 10%. Por eso cuando en 1993, organizamos en la PUCMM, el
seminario “Sistemas Locales (SILOS)”, una propuesta de descentralización
social, Santiago se encontraba a la deriva de las iniciativas nacionales que
apostaban al desarrollo local. Era Salcedo y no Santiago, el centro de los
proyectos locales donde se pretendía decidir una auténtica descentralización de
la gestión pública.
Santiago con menos del 10% de los 206 proyectos y las 21,699 actividades
del programa PID-USAID que ejecutaba la PUCMM desde Santo Domingo, en ese
momento no fue entendido como el mejor espacio para que en las ciudades
dominicanas se fortaleciera la democracia apoyando el ayuntamiento y la reforma
de su gestión de gobierno. Despertamos solos en 1993 al iniciarse en Santiago
los “Juevones”, una especie de tertulias ciudadanas para buscar
alternativas inteligentes a la crisis del crecimiento urbano desplanificado que
brotaba con fuerza en ese momento. Fue en ese espacio que se gestó la idea de
organizar un consejo de desarrollo local y participar activamente en la
fundación del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) en
Barcelona.
Ese es el tema que desde 1993 aparece en las discusiones de gobernanza y
gobernabilidad de Santiago, auspiciado por nosotros mismos. No fue casual
que fuéramos la primera ciudad que estudió formalmente, el grado de autonomía
del gobierno local, los escasos recursos financieros que disponen los
ayuntamientos y el bajo salario que ganan los recursos humanos municipales. Igualmente
valoramos la gestión municipal necesaria para recaudar y asignar recursos a un
gasto público eficiente. Todo este proceso toma cuerpo en 2002 con el primer
Plan Estratégico y una estrategia de gobernabilidad de 12 proyectos y 10
objetivos claves.
Proyectos y objetivos que son coherentes con la nueva propuesta de Ley
Orgánica de la Administración Local que promueve la Comisión Presidencial de
Reforma Municipal. Esta iniciativa legislativa acumula virtudes que
ayudarían a resolver la crisis de financiamiento local. Entre otras: i) Transforma
la Liga Municipal Dominicana (LMD) en un Instituto de Desarrollo Local que incentiva los ayuntamientos
eficientes; ii) Crea dos áreas metropolitanas, Santiago y Santo
Domingo con transferencias especiales del Estado; iii)Instaura el Fondo de
Cohesión Territorial previsto en la Estrategia Nacional 2030; iv) Crea
el Fondo de Incentivo para que anualmente, el presupuesto público, destine
una partida no inferior al 3 % a gobiernos locales eficientes; y v) Acuerda
que los ayuntamientos asuman el recaudo de varios impuestos que son hoy de
carácter nacional. En la otra colaboración seguimos.
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