Cinco fiscales generales sostienen que la
administración de Trump no puede retrasar la norma que reduciría las emisiones
y la contaminación, y que además ahorraría dinero a los consumidores
Regla
estimularia a los fabricantes de automóviles a cumplir o superar los estándares
de eficiencia de combustible, lo que reduciría las emisiones de carbono en 1,8
mil millones de toneladas métricas y ahorraría a cada consumidor $1,650
NUEVA YORK - Liderando una coalición de cinco fiscales generales, El
Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman, presentó una demanda contra
la Administración Trump por demorar ilegalmente una norma que alienta a los
fabricantes de automóviles a producir flotas de vehículos que cumplan o excedan
los estándares federales de eficiencia de combustible.
Esta regla, que entraría en vigor en julio de 2017, aumentaría la
penalización impuesta a los fabricantes de automóviles cuyas flotas de
vehículos no cumplen con los estándares mínimos de eficiencia de combustible.
Todas las agencias federales fueron obligadas a aumentar sus tasas de sanción
civil por una ley del Congreso, la Ley de Ajuste a la Inflación de las Penas
Civiles Federales de 2015. En respuesta, el Departamento de Transporte de
Estados Unidos emitió una nueva regla para aumentar la penalidad en $8.50 por
décimo de milla por galón. La Administración Trump ha retrasado, volviendo a la
tasa de pena más baja. Si la penalidad no es suficientemente alta, los fabricantes
de automóviles carecen de un incentivo vital para fabricar vehículos eficientes
en combustible.
El Fiscal General Schneiderman dijo:
"Los estándares de eficiencia de combustible son de sentido común,
protegen los bolsillos de los estadounidenses y reducen las emisiones que
socavan la salud pública e impulsan el cambio climático. Una y otra vez, la
administración de Trump actúa contra los neoyorquinos y nuestro medio ambiente.
Los fiscales generales estatales han dejado claro: no dudaremos en actuar cuando
a los que servimos son puestos en riesgo".
Haga clic aquí para
leer la demanda, encabezada por el Fiscal General Schneiderman y el Fiscal
General de California, Xavier Becerra, y presentada por Nueva York, California,
Vermont, Maryland y Pennsylvania. En una petición similar, el Consejo de
Defensa de Recursos Naturales, Sierra Club y el Centro para la Diversidad
Biológica también están desafiando la demora ilegal de la administración Trump.
Las sanciones crean un mayor incentivo para que los fabricantes de
automóviles alcancen las Normas Corporativas Promedio de Economía de
Combustible (CAFÉ, por sus siglas en inglés) para los próximos modelos de
vehículos. Las normas - para los años de modelo 2016 a 2025 - ahorrarían
aproximadamente 1,8 mil millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido
de carbono a lo largo de la vida útil de los vehículos vendidos. Los Estándares
Augurales (años modelo 2022 a 2025) reducirían las emisiones de dióxido de
carbono en 40 millones de toneladas al año en 2025, y más de 200 millones de
toneladas al año en 2050, en comparación con mantener indefinidamente los
estándares 2021.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha
estimado previamente que los Estándares Augurales también conducirían a una
reducción anual de 13.000 toneladas de emisiones de NOx y de 2.000 toneladas de
emisiones de partículas en todo el país para 2030. Un consumidor ahorraría
$1.650 netos con un año modelo 2025 vehículo que se adhiere a los Estándares
Augural, en comparación con uno que cumple con el modelo del año 2021 normas.
Estos impactos se describen en una hoja informativa de la
Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA,
por sus siglas en inglés).
Como se detalla en la demanda, el 28 de diciembre de 2016, la NHTSA anunció
una regla que aumentó la tasa de multa por violar los estándares de eficiencia
de combustible en $8.50, de $5.50 por décimo de milla por galón a $14 por
décimo de milla por galón. Sin embargo, el 12 de julio de 2017, NHTSA anunció
que estaba retrasando indefinidamente la fecha efectiva de su sanción
actualizada. Esto es ilegal de dos maneras. En primer lugar, NHTSA actuó sin
previo aviso y sin hacer comentarios, lo que viola la Ley de Procedimiento
Administrativo. En segundo lugar, este retraso arbitrario restablece la
anticuada tasa de penalidad de $ 5.50, que viola la Ley de Ajuste a la
Inflación de las Penas Civiles Federales de 2015.
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