Schneiderman anuncia sometimiento de director de casa de rehabilitación acusado de fraude contra Medicaid

Schneiderman: Medicaid no puede servir como cuenta bancaria para criminales que no tienen consideración por el bienestar de sus compañeros neoyorquinos

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la acusación, detención y procesamiento de Robert H. Corrado, de 56 años, Kristina Corrado, de 32 años, de Nesconset, Nueva York, y la compañia Interline Employee Assistance Program, Inc. por participar en un sistemático esquema de sobornos, violando los derechos de los pacientes. Además de la detención, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General ("MFCU") presentó varias causas civiles de acción contra Robert Corrado y Kristina Corrado, Interline, y otros que buscan recibir dinero obtenido indebidamente como resultado de su conducta criminal.

"Alegamos que los acusados se involucraron en un esquema sistemático y continuo para explotar a aquellos que luchan con la falta de vivienda y el abuso de sustancias con el fin de llenar sus bolsillos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Medicaid no puede servir como una cuenta bancaria para los criminales que no tienen en cuenta el bienestar de sus compañeros neoyorquinos.

Mi oficina continuará luchando por la integridad del programa de Medicaid para asegurar que nuestros dólares de impuestos no se desperdicien - y en cambio poner estos recursos a ayudar a nuestros ciudadanos más vulnerables, según lo previsto.

En una acusación develada ayer en el Tribunal Supremo del Condado de Queens y los documentos presentados en el Tribunal Supremo del Condado de Queens, los Fiscales alegan que los Corrados e Interline participaron en un plan ilegal de sobornos por el cual Robert Corrado, Director Ejecutivo de Interline, un programa de tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias, y propietario de varias casas de rehabilitacion ubicadas en Queens y Brooklyn, proporcionó viviendas por debajo de la renta del mercado a clientes desamparados a condición de que los clientes asistieran a tratamiento en Interline y en ningún otro lugar. Robert Corrado e Interline, a su vez, recibieron el pago de Medicaid por reclamos de tratamiento de abuso de sustancias basado en este acuerdo de sobornos.

Los centros de rehabilitación de Interline, según los fiscales, están ubicados en Queens y Brooklyn y son administradas por Kristina Corrado, la hija de Robert Corrado, en las oficinas de Interline, donde supervisó la asistencia de residentes de “Care House” en el programa ambulatorio de Interline. La asistencia y el progreso del tratamiento de los residentes de Care House fueron compartidos regularmente por el personal de Interline con el personal de las casas de cuidado y los residentes que no cumplían con los requisitos de tratamiento obligatorios establecidos por Interline fueron desalojados de las casas de cuidado. La duplicidad de personal y operaciones entre el programa de tratamiento ambulatorio de Interline y sus casas de cuidado creó un programa de tratamiento residencial de facto, que ninguna de las dos entidades tiene licencia para operar. Bajo la ley de Higiene Mental de Nueva York, es un crimen operar un programa de tratamiento residencial sin licencia. El requisito de que los residentes de Care House deben recibir tratamiento en Interline les privó de su libertad fundamental de elección en la atención médica en violación de numerosas leyes estatales, incluyendo la Declaración de Derechos del Paciente.

Los fiscales alegan que Robert Corrado y Kristina Corrado actuaron en concierto con Interline para perpetuar este esquema de sobornos. Como resultado, se alega que Robert Corrado y Interline intencionadamente y conscientemente presentaron, y causaron que se presentaran, por lo menos $2,327,524 en reclamaciones fraudulentas de reembolso a Medicaid. Estas reclamaciones, según los fiscales, eran fraudulentas porque resultaron de comisiones ilegales, privaron a los pacientes de su libertad de elección y fueron el resultado de la operación de un programa de tratamiento residencial sin licencia.

Robert Corrado y Interline fueron acusados de Gran Robo en el Primer Grado, un delito de clase B. Robert Corrado y Interline junto con Kristina Corrado fueron acusados además de violar la Ley de Servicios Sociales que prohíbe el pago de sobornos relacionados con la prestación de servicios bajo el programa estatal Medicaid, un delito de clase E. Interline también fue acusada de tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, un delito de clase E, y violar la Ley de Higiene Mental del Estado que prohíbe la operación de un programa de tratamiento residencial sin el certificado operacional apropiado, un delito menor de Clase A.

Además de la acusación el día de ayer, el Fiscal General presentó una demanda civil contra Interline, Robert Corrado, Kristina Corrado y Kim Corrado, quien es la esposa de Robert Corrado. La denuncia, que afirma violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, Sección 145-b de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York y otras causas de acción, busca recuperar millones de dólares de dinero de Medicaid obtenido por estos acusados como resultado de su conducta fraudulenta. Aunque Kim Corrado no ha sido acusada criminalmente, aparece en declaraciones estatales como la única propietaria de Interline, y la demanda civil alega que ella, al igual que los acusados criminales, obtuvo beneficios financieros sustanciales del fraude.

La semana pasada, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General también ejecutó una orden de registro en las oficinas de Interline ubicadas en 148-39 Hillside Avenue en Queens.

A lo largo de esta investigación, la oficina del Fiscal General ha trabajado estrechamente con las diversas agencias municipales y estatales. En particular, el Fiscal General desea agradecer a la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York ya la Oficina del Estado de Nueva York de Alcoholismo y Servicios de Abuso de Sustancias por su cooperación, colaboración y valiosa asistencia durante toda la investigación. El Fiscal General además agradece a la Oficina del Inspector General de Medicaid por su asistencia.

La investigación fue dirigida por el investigador Shavaun Clawson, con el apoyo del Investigador Supervisor Victor Maldonado; Todo bajo la supervisión del Sub Jefe Investigador Kenneth Morgan. El investigador de auditoría, Nicholas Thottam, prestó apoyo a la auditoría financiera con la ayuda del investigador principal y auditor especial de la MFCU, Emmanuel Archer, y de Thomasina Smith, Jefa de Auditoría de MFCU.

El caso criminal está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos David Arias y Konrad Payne con la ayuda del Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. El caso civil está siendo manejado por el Fiscal Auxiliar Especial Konrad Payne con la ayuda de la Jefa Civil de MFCU, Carolyn Ellis. MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Subprocurador Adjunto Paul J. Mahoney.

Los cargos presentados en este caso son meras acusaciones. Los acusados son presuntos inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.