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jueves, 27 de abril de 2017

FJT pide al Tribunal Constitucional garantizar el derecho fundamental a la educación como servicio público prioritario


SANTO DOMINGO, REP. DOM., ABRIL 27.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), hizo causa común con la asociación de padres, madres tutores y amigos de la escuela (APMAE), Instituto Tecnológico Dr. Federico Henríquez y Carvajal de la ciudad de Barahona, al suscribir y reclamar del Tribunal Constitucional, mediante escrito de intervención voluntaria de amparo, el garantizar el derecho fundamental a la educación como servicio público prioritario, previsto en la sentencia que condenará a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Barahona, al pago de un astreinte diario de 50 mil pesos, por cada día perdido de docencia.

La entidad de sociedad civil, por intermedio de su presidente Trajano Potentini, explicó que el derecho a la educación tiene un carácter instrumental, del cual depende el ejercicio pleno y desarrollo de otros derechos; tales como la dignidad humana, el libre desarrollo, el derecho al trabajo e incluso la libertad de expresión, además del interés superior del niños, entre otras  prorrogativas y facultades conexas.

A juicio de Potentini, en un ejercicio de ponderación y pesaje de dos derechos fundamentales en posible conflictos, como el derecho a la educación versus el derecho a huelga o protesta, el primero tiene preeminencia sobre el segundo, en razón de que el plantear una huelga indefinida como el caso de la especie, pondría indefectiblemente en peligro el año escolar, además de tratarse de un servicio público, el cual en modo alguno puede ser afectado de manera irracional.

En tal sentido reconocemos que los profesores siempre tendrán derecho a ejercer su derecho a la protesta, pero bajo modalidades y formas que no afecten el bien público y derecho prioritario a la educación, lo cual constituye sin lugar a dudas un presupuesto base del Estado Social y Democrático de Derecho, proclamado por nuestra carta magna en su artículo 7.

De lo que hablamos es que siempre los profesores tendrán su derecho a la protesta garantizado, pero siempre en condiciones de racionalidad, nunca truncando las esperanzas de millones de niños y adolescentes, que deben ser objeto de un mejor futuro, en suma los profesores deben reinventarse en sus métodos de lucha, haciendo siempre un ejercicio responsable de su derecho a la protesta, en un marco de racionalidad.

Finalmente la fundación urgió al Tribunal Constitucional, a ratificar en todas sus partes la sentencia del juez Máximo Matos, de la ciudad de Barahona, en el entendido de que la misma, sienta un precedente trascendente en materia del sagrado derecho y bien público, que hoy por hoy constituye el derecho a la educación, indispensable para el desarrollo y combate a la pobreza en la República Dominicana.



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