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viernes, 17 de marzo de 2017

Vertedero de Duquesa, Lajun y transparencia


Por Domingo Matías

Nuevamente la empresa Lajun Corporation, empresa que administra el vertedero de Duquesa, emplea la estrategia de parar el servicio de gestión de la disposición final de los residuos sólidos. El paro, en este caso parcial, podría obtener de nuevo un resultado concreto: la renta, a favor de la empresa y la continuidad desfavorable de los impactos ambientales.  La última vez que lo hizo fue en la gestión de Gobierno Local del alcalde Francisco Fernández, quien anunció a recisión o anulación del contrato e hizo un llamado licitación pública en el año 2013. No obstante, en fase posterior hubo un "negocio" entre las partes (alcalde y Lajun). La renegociación con Lajun significó una violación directa de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación. Ninguna de las instituciones rectoras de compras, control externo y de la Contraloría Municipal se inmutó.

En el contexto del conflicto, quiero resaltar los siguientes puntos:

1-Debajo de Duquesa, hay una infraestructura enterrada, que costó millones de dólares. Un gran aporte hizo la JICA en el período 1994-1998, con la construcción de un relleno sanitario. La irresponsabilidad de la alcaldía de Santo Domingo Norte, y de todo el sistema municipal, condujo a que Duquesa pasara de ser un relleno sanitario con estándares de calidad internacional a ser un botadero de basura. La responsabilidad se extiende a todos los alcaldes, los cuales actúan con una visión de mira muy estrecha, observando únicamente una parte del problema y no el todo. Un sistema de gestión de residuos inicia en la casa, luego en la recolección, transportación y disposición final. Las alcaldías del Gran Santo Domingo de modo directo no asumen compromiso ni con la recolección y transportación, y mucho menos con la gestión del vertedero; porque todo el sistema está privatizado y en muchos casos resulta rentable para los poderes políticos locales.

2-La reiterada crisis de Duquesa, es una manifestación concreta de la incapacidad de los alcaldes. Esto así, porque ante que apoyar la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, la cual es resucitada en época de crisis, para gestionar colectivamente el vertedero, acuden “al papá” Gobierno Central. Siendo esta una de la manera deslumbrante de su ignorancia sobre la descentralización del Estado. El Gobierno puede ayudar, dentro de una estrategia de coordinación. Pero las alcaldías deberían ser la responsable directa de administrar un servicio que es esencialmente de vocación municipal. Lo contrario, a esto último, sería estar de acuerdo con la recentralización de los servicios públicos que competen a los ayuntamientos, traducido en pérdida de autonomía administrativa.

3-Hoy y cuando hay crisis, los alcaldes se preocupan por el vertedero, lo cual es obvio. Sin embargo, la calidad de la recolección de residuos y su transportación por parte de las empresas no son cuestionadas. Las empresas contratadas, que han devenidos en monopolios, han sido financiadoras de campañas. Existe una triangulación de sobornos e impunidad entre empresas-parte de autoridades-intermediarios. El peso de residuos que transportan los camiones compactadores no son controlados adecuadamente. Los Ayuntamientos pagan dinero por encima de la cantidad de toneladas recolectadas. La pagan los contribuyentes. Incluso, muchos transportan escombros de construcción y lo cobran como si fueran residuos domésticos. Los alcaldes lo saben, y lo sabe Lajun.

La crisis con la empresa Lajun es sólo una parte del problema. Las soluciones planteadas no responden a una estrategia a largo plazo. Con Lajun hay una solución transitoria, no definitiva. La gestión mancomunada del servicio es parte de la solución. En esta perspectiva es que el Gobierno Central debería decidir su apoyo, más que intervenir siendo gestor. La gestión mancomunada llevaría ahorrar recursos y protegería a los ayuntamientos de la autosuficiencia financiera de los recursos, muchos de los cuales van a parar a los bolsillos de las empresas privadas, las cuales disponen de camiones que circulan como “pocilgas rodantes” por todo el espacio territorial del Gran Santo Domino, además, de carecer de capacidades técnicas y de mucha falta de principios de honestidad y ética para brindar un servicio de calidad.



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